SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, dijo hoy que "comparte" la preocupación en nombre de todo el Gobierno de la ciudad, ante la situación del colectivo de familias chabolistas que ha optado finalmente por repartirse entre la carretera que conduce a la base militar de helicópteros de El Copero y el enclave del Huevo de Colón, en el entorno del Estadio Olímpico.
Según indicó Monteseirín en una carta dirigida al colectivo, a la que ha tenido acceso Europa Press, "somos conscientes de la complejidad y dificultad de la situación, teniendo en cuenta a los niños, los mayores, las mujeres, las personas discapacitadas y con problemas de salud, por lo que nos ponemos a disposición de la Junta de Andalucía, como administración competente en esta materia, y del Gobierno de España como propietario de los terrenos".
Del mismo modo, la carta hace referencia a su puesta a disposición de la Fiscalía y del Comisionado del Polígono Sur, "ofreciendo nuestra total colaboración dentro de las competencias, así como de los recursos humanos y materiales de los que dispone el Ayuntamiento de Sevilla".
Asimismo, el primer edil recordó el acuerdo urgente de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla del pasado 25 de junio y, "como hemos venido haciendo hasta ahora, el Ayuntamiento seguirá apoyando decididamente con todos sus medios las actuaciones de todas aquellas instancias e instituciones que por sí mismas o por espíritu de colaboración pueden adoptar las soluciones a tan extremas y delicadas circunstancias".
Por su parte, según informó a Europa Press el secretario general de Unión Romaní, Manuel García, tras el desalojo del asentamiento creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, donde habitaban al menos 41 familias exiliadas del Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo, entre unas 60 y 70 personas se han dirigido a la zona de El Copero, frente a Astilleros, después de que miembros del dispositivo policial hayan conminado a los miembros de este clan gitano a abandonar los suelos del Charco de la Pava.
Hacia este lugar se habían movilizado en cumplimiento de la orden de desalojo que pesaba sobre los suelos del poblado al ser propiedad del Ministerio de Economía y Hacienda, algunos de los miembros del grupo han retornado a los bajos del puente de Juan Carlos I para protegerse del castigo del sol.
