SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle (IP-IU), ha valorado este lunes la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a los exconcejales socialistas Miguel Troncoso y Rosario Gavira, a un año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito de malversación de caudales públicos, siendo además el primero de ellos condenado a otros tres meses de prisión y una multa de 540 euros por un delito de falsedad en documento público.
En declaraciones a Europa Press, Juan Manuel Valle ha expuesto que se trata de la "primera sentencia que condena los casos de corrupción" del anterior Gobierno local del PSOE, considerando "muy significativo" que los exconcejales socialistas hayan reconocido los delitos atribuidos por la Fiscalía y hayan "aceptado que son unos delincuentes". Y es que según Valle, "en el pleno defendían que eran gente honrada".
"Han reconocido que estaban robando al pueblo", ha señalado el actual alcalde respecto a los exconcejales socialistas ya condenados, exponiendo que aunque ambos "se escapen por los pelos de la cárcel", siguen pendientes de sentencia los procedimientos judiciales promovidos a cuenta de un presunto delito de prevaricación también en la extinta sociedad municipal Idelpa y por la responsabilidad o no del concurso de acreedores declarado en dicha sociedad. "Es muy difícil que se escapen", ha aseverado Juan Manuel Valle, reclamando que los condenados "paguen el enorme daño" perpetrado a la administración local.
En la sentencia de la Audiencia Provincial, fechada el pasado 8 de marzo y recogida por Europa Press, se declara como hechos probados que en mayo de 2011, poco antes de las elecciones municipales de aquel año, los entonces concejales socialistas del Ayuntamiento palaciego Miguel Troncoso y Rosario Gavira, como consejeros delegados de la sociedad local Idelpa, firmaron un reconocimiento de deuda en favor de la empresa Rodina Gestión.
El citado reconocimiento de deuda de la sociedad municipal Idelpa en favor de Rodina Gestión, cuyo administrador único era Rafael Jesús Cortés, ascendía a 562.453 euros y derivaba de "dos supuestos encargos" a la citada empresa para la construcción de una promoción de 70 viviendas sociales y otra promoción más de 72 viviendas protegidas.
Pero a pesar de dicho documento formal de reconocimiento de deuda y "las facturas emitidas" por Rodina Gestión para el cobro de las obras, según la sentencia condenatoria, un posterior informe emitido por el arquitecto técnico de Idelpa habría revelado que en la empresa municipal no constaba "ningún encargo" oficial a Rodina Gestión para la construcción de tales viviendas, sin constar tampoco "la entrega" de los proyectos constructivos por parte de la empresa privada ni la presentación del visado del Colegio Oficial de Arquitectos respecto a tales proyectos.
"Posteriormente", según la sentencia, Miguel Troncoso y el administrador único de Rodina Gestión presentaron en el Ayuntamiento de Los Palacios "dos hojas de encargo fechadas los días 15 y 20 de octubre de 2008, siendo que en ningún momento hubiera existido expediente administrativo alguno relativo a la operación".
Según el escrito de acusación promovido inicialmente por la Fiscalía contra los dos ya exconcejales socialistas y el administrador único de Idelpa, recogido por Europa Press, "la pretendida contratación fue de forma directa y verbal, sin presupuesto previo, contrato otorgado al efecto, publicidad ni concurrencia, prescindiendo en todo momento de los trámites establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".
Según la Fiscalía, "a pesar de las facturas emitidas para el cobro del supuesto encargo de obras (...), no consta ningún encargo a Rodina Gestión para la construcción de las viviendas, ni tampoco la entrega por parte de Rodina de ninguno de los proyectos para la construcción de tales viviendas".
Igualmente, recordaba el Ministerio Público que Miguel Troncoso y el administrador único de Rodina Gestión, "con la intención de aparentar la realidad de aquellos supuestos encargos", presentaron las dos citadas hojas de encargo fechadas los días 15 y 20 de octubre de 2008", a pesar de que "en ningún momento hubiera existido expediente administrativo alguno relativo a la operación".
PENAS CONCRETAS
La Fiscalía, así, detectaba presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento público, con la agravante de prevalimiento de carácter público. Por ello, para Miguel Troncoso solicitaba ocho años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, para Rosario Gavira seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta y para el administrador de Rodina Gestión, siete años y nueve meses de cárcel y también 15 años de inhabilitación.
Y aunque la idea era que el asunto fuese objeto de un juicio con jurado a celebrar a partir del pasado 16 de enero, la sesión fue suspendida porque previamente, la Fiscalía y los acusados habían alcanzado un acuerdo para resolver el asunto por conformidad entre ambas partes.
Merced a dicho acuerdo, la modificación del escrito de acusación de la Fiscalía y la conformidad de Miguel Troncoso, Rosario Gavira y Rafael Jesús Cortés, la Audiencia Provincial ha condenado al primero de ellos a un año y medio de cárcel y a tres años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito de malversación de caudales públicos, imponiéndole otros tres meses de prisión y una multa de 540 euros por un delito de falsedad en documento público.
En el caso de Rosario Gavira, se le condena a un año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito de malversación de caudales públicos, mientras al administrador único de Rodina Gestión se le impone la misma condena que a Troncoso, también por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.
Además, los tres son condenados "conjunta y solidariamente" y de forma subsidiaria la entidad Rodina Gestión, a idemnizar a Idelpa, ya en proceso de liquidación tras su declaración de concurso de acreedores, con 129.000 euros, toda vez que antes de esta sentencia, los ya condenados habían consignado 20.000 euros para la "reparación del perjuicio ocasionado, garantizando el abono del resto de la responsabilidad civil" mediante otros aspectos como un préstamo de 40.000 euros y una parcela propiedad de Rodina Gestión.
Así, en esta condena no figura la agravante de prevalimiento de carácter público inicialmente esgrimida por la Fiscalía, mediando por contra atenuantes por dilaciones indebidas y reparación del daño.
