Alegan que los planos no corresponden con la realidad física y que el arquitecto municipal no creía útiles los suelos para espacios libres
SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Gerena (Sevilla), Jacinto Pereira (PSOE), y el secretario general de su Ayuntamiento, Juan Alfonso Rubio, ambos imputados por el Juzgado de Instrucción número 14 por un posible delito de prevaricación derivado de la construcción de una nave en unos suelos declarados como "zona verde", según las normas subsidiarias de urbanismo de dicho municipio aljafareño, defienden ante el juez que las citadas normas no correspondían con la realidad física, que el proyecto fue autorizado por "interés público" y que el arquitecto municipal había aconsejado la operación.
Pereira y el secretario general del Ayuntamiento de Gerena, como se recordará, prestaron declaración en calidad de imputados el pasado lunes merced a las acciones emprendidas por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que se había hecho eco de la documentación elevada al respecto por el grupo de concejales de Independientes por Gerena (IPG). Según las diligencias incoadas por la Fiscalía, los suelos en cuestión estaban calificados en 2006 como urbanos de espacios libres, como así lo constata un informe de la Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía.
"No es viable hacer sobre ellos edificaciones", señala la Fiscalía, que cree "claramente impropia" la finalidad aplicada a estos suelos con la construcción de una nave de 250 metros cuadrados. Para el Ministerio Público, el 20 de septiembre de 2006, el alcalde concedió una licencia de obra "manifiestamente ilegal" y "a sabiendas de que era incompatible" con las normas urbanísticas vigentes, aunque "prescindió" de los informes previos del arquitecto municipal y del secretario general.
"OBRA ILEGAL AUTORIZADA"
Fue el 4 de octubre, según el escrito de la Fiscalía recogido por Europa Press, cuando el secretario general del Ayuntamiento emitió al respecto un informe con "una interpretación notablemente discordante con la legalidad urbanística al objeto de "intentar justificar" la licencia concedida y "la obra ilegal autorizada" en la calle Cañada Ancha.
En su reciente declaración en calidad de imputado, el alcalde ha asegurado que ni el secretario ni el arquitecto municipal "pusieron ningún obstáculo" a la concesión de la licencia, promovida "por un tema de peligrosidad" dado que la nave con la que habría de lindar la nueva construcción sufría peligro de derrumbe. En el acta de su declaración, recogida por Europa Press, Pereira defiende que la parcela "nunca tuvo consideración de zona verde", sobre todo porque el arquitecto municipal había informado "verbalmente" de que la planimetría no se correspondía con la realidad física y de que los suelos "no tenían ninguna utilidad porque no cumplían los requisitos exigidos".
Así, el alcalde insiste en su declaración en que todo respondía al "interés público" y que el secretario general del Ayuntamiento y el arquitecto municipal respaldaron la concesión de esta licencia de obra que la Fiscalía cree "manifiestamente ilegal".
EL SECRETARIO DEFIENDE LA LICENCIA
El secretario general del Consistorio, de su lado, ha alegado que la licencia fue otorgada previamente a su informe por "motivos de urgencia" y que él ya había informado favorablemente al alcalde, pero de forma "verbal" y autorizando la licencia a cuenta del "peligro de derrumbe" que sufría la nave que ya estaba edificada junto a estos suelos. Según el secretario general, el arquitecto municipal había informado al respecto y "sabía que la calificación del terreno estaba mal hecha porque los suelos con cumplían los requisitos para ser espacios libres". Y es que, al igual que el alcalde, el secretario alega que los planos de las normas urbanísticas "no coinciden con la realidad física".
