SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Ante la comparecencia como investigada de una inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla por las diligencias relativas al brote de listeriosis derivado de la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, el alcalde hispalense, Juan Espadas, ha defendido la "colaboración" del Consistorio con la investigación judicial, abogando por no "deducir" los "pasos que de o no la autoridad judicial" en el futuro.
En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Espadas ha encuadrado la citada comparecencia como investigada de esta veterinaria municipal, en el "proceso" promovido por el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla por el mencionado brote epidémico, que sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias mujeres embarazadas también afectadas.
Mientras el juzgado mantiene en prisión al gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y a su hijo y administrador único de la empresa, Sandro Marín Rodríguez, por un presunto delito contra la salud pública en concurso con delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave, Facua había solicitado la imputación de esta veterinaria municipal por un posible delito de prevaricación.
En ese sentido, Juan Espadas ha defendido la "colaboración" del Ayuntamiento hispalense con la investigación judicial. "Lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, colaborar con la Justicia cuando se nos pide documentación o se llama a cualquier persona (a declarar) para aportar luz a todo este caso", ha indicado el primer edil.
Y mientras la condición de investigada de esta veterinaria municipal podría derivar en que el Ayuntamiento fuese declarado responsable civil subsidiario de los hechos, afrontando en su caso las indemnizaciones que se acordasen por encima del seguro de Magrudis, que sólo cubre 300.000 euros, entre otros aspectos, Espadas ha optado por "no derivar ni deducir otro tipo de pasos que de o no la autoridad judicial" en el futuro.
