SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Luciano Alonso, ha desvelado este miércoles que 265 ayuntamientos del PP-A tienen pendiente en estos momentos justificar 275.323.493 millones de euros en ayudas para la Formación Profesional (FP) en tramitación.
Así lo ha indicado durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, donde el consejero del ramo ha pedido a los ayuntamientos del PP-A que "revisen su actitud" y que agilicen las justificaciones pendientes.
Alonso, que comparecía a petición del PP-A, ha querido dejar claro que la exoneración (la no concesión de ayudas a quien no ha justificado ayudas anteriores) no exime de la justificación ni de la revisión de las ayudas de Formación Profesional para el Empleo y, por lo tanto, dichos expedientes se van a revisar como el resto que están en proceso de justificación.
El consejero ha recordado que el Gobierno andaluz ha apostado por la transparencia en este proceso siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y la actual Intervención General y analizando y fiscalizando uno a uno, y sin muestro, todos los expedientes abiertos en materia de subvenciones.
Además, ha hecho hincapié en que la Junta ha tomado "una importante decisión política", que marca un antes y un después en esta regulación que es no exonerar como instrumento habitual, aunque sea un procedimiento legalmente establecido.
Esta medida supone que aquellas entidades, empresas e instituciones que no hayan finalizado el total de la justificación de fondos percibidos en convocatorias anteriores no podrán concurrir en nuevas convocatorias, ni percibir los abonos pendientes de dichas ayudas hasta que se fiscalicen todos los expedientes previos, correctamente y en su totalidad.
Asimismo, el consejero ha explicado el nuevo modelo de la Formación Profesional para el Empleo, una hoja de ruta marcada por el refuerzo del control exhaustivo de los fondos públicos y que se caracteriza por la reorientación de los criterios para las nuevas convocatorias de incentivos, por la no exoneración y por una nueva ley de futuro de la FP para el Empleo.
Así, ha insistido en que las nuevas convocatorias incorporan las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y cumplirán con lo establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma con la Ley de Contratos del Sector Público, con la legislación vigente en materia de subvenciones y, además, con las recomendaciones y consideraciones generales recogidas en los informes de control financiero realizadas por la Intervención General de la Junta.
Por lo tanto, las nuevas convocatorias se harán por concurrencia competitiva y una baremación más objetiva y de mayor concreción, donde primará la calidad de la formación y permitirá que las entidades beneficiarias garanticen la gestión de la formación. También, se priorizará y valorará todos aquellos proyectos y acciones formativas conducentes a la inserción laboral y a la obtención de certificados de profesionalidad.
Luciano Alonso ha incidido en la dimensión de la FP para el Empleo y en el trabajo que está realizando el Gobierno de Susana Díaz "desde la rigurosidad". En este sentido, ha explicado que su departamento ha recepcionado 82.167 expedientes de distinta índole (expedición de certificados de profesionalidad, becas o actas administrativas, entre otros). De estos, 8.505 expedientes corresponden a subvenciones a entidades para dar cursos de formación.
PP-A: LA JUNTA DE "HACE NEGOCIO" CON EL DINERO DE LOS PARADOS
Por su parte, la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, que ha comenzando advirtiendo de que ha sido la Cámara de Cuentas quien ha denunciado "el abuso" por parte de la administración andaluza de las exoneraciones en la normativa de subvenciones, ha acusado al Gobierno andaluz de hacer "negocio" con el dinero de los desempleados.
Así, ha explicado de los 2.327 millones que la Junta ha destinado para la FP entre 2007 y 2011 aún no se ha pagado el 25 por ciento, una cuantía que asciende a 583 millones de euros. "¿Dónde están esos 97.000 millones de pesetas? ¿En manos de quién? ¿En qué cuenta corriente?", se ha preguntado Ruiz-Sillero.
Tras indicar que a esos 583 millones de euros habría que sumar otros 500 millones de las convocatorias de 2012 y 2013 que no han sido pagadas y que provienen de fondos europeos y estatales, la parlamentaria del PP-A ha afirmado que estos fondos se traducen en "fraude" y que las "grandes víctimas" son las empresas que han desarrollado honestamente su trabajo y que no cobran, lo que abocado al paro a 30.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos.
Ruiz-Sillero, que ha querido dejar claro que el fraude no lo cometen los andaluces sino los gobiernos socialista, "ahora con el apoyo de IULV-CA", ha considerado que con estos 583 millones se podría llevar a cabo "el mejor plan de empleo" para la Comunidad. Asimismo, la diputado ha destacado que entre las entidades exoneradas por la Junta se encuentran la Faffe o UGT-A, sindicato que tiene un expediente en el que está vinculado el marido de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Casi al término de la intervención de la diputada del PP-A, el portavoz del grupo parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha pedido la palabra a Ignacio García, quien presidía en ese momento el Pleno, argumentando que Ruiz-Sillero estaba haciendo alusiones que afectaban "al decoro" del grupo socialista. "Nos ha llamado corruptos y eso es intolerable", ha añadido. No obstante, García ha dicho que no observaba justificación para tal petición y no le ha dado el turno de palabra.
En su turno de réplica, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha considerado "curioso" que el PP-A abandere principios que olvidan allá donde gobiernan y que se conviertan en "jueces de la Inquisición", intentando "confundir y manipular". Además, según ha señalado Alonso, los populares demandan que se revisen expedientes cuatro años después, "algo que es jurídicamente inviable".
Asimismo, el titular del ramo ha propuesto al PP-A, ante su petición de revisar determinadas resoluciones, que revisen también otras materias. Entre ellas, ha mencionado la Ley de Transparencia nacional y de otras comunidades para que contemplen, como la futura ley andaluza, el control previo y posterior de las transferencias a entes instrumentales; el IVA cultural del 21 por ciento; o los procedimientos para que no se puedan obtener subvenciones si las anteriores no han sido justificadas.
