14 de noviembre de 2019
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  • 15 de octubre de 2019

    Ampliado el plazo para las obras del número 12 del Patio de Banderas por la "situación" de la empresa

    La adjudicataria esgrime "cambios en el accionariado" y de otro lado afronta conflictos por deudas pendientes de pago

    Ampliado el plazo para las obras del número 12 del Patio de Banderas por la "situación" de la empresa
    Número 12 del Patio de BanderasARCHIVO

    SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

    La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha accedido a una petición cursada por la empresa Grucal Infraestructuras respecto a una ampliación del plazo de ejecución de las obras de conservación promovidas para el número 12 del Patio de Banderas, una edificación protegida propiedad de la Dirección General de Patrimonio del Estado, fijando el 31 de diciembre de este año "como nueva fecha para la finalización" de los trabajos contratados, toda vez que dicha empresa cordobesa afronta problemas por deudas por importe de unos 2,6 millones de euros.

    Hablamos del inmueble correspondiente al número 12 del Patio de Banderas, un edificio del siglo XVIII abarcado por el plan especial de protección del sector del conjunto histórico de Sevilla relativo al Real Alcázar. Esta construcción, que cuenta con una protección parcial de tipo C en grado uno, está además afectada por los entornos de protección de la antigua muralla islámica y del antiguo hospital de los Venerables, figurando además en la delimitación de la protección de bien de interés cultural (BIC) de la que goza el recinto de los Reales Alcázares, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987.

    Y es que el edificio está adosado a la muralla del Real Alcázar en su parte posterior e incorpora una de las torres de la muralla que rodea al recinto palaciego.

    En ese sentido, y según la documentación recogida por Europa Press, después de que en abril de 2013 la Gerencia de Urbanismo ordenase medidas de conservación en este edificio de propiedad estatal, en diciembre de ese año, abril de 2014 y enero de 2015, se habría constatado "que las medidas de conservación ordenadas no se habían iniciado" pese a que "continuaban siendo necesarias".

    Y es que entre otros aspectos, "los muros de carga del edificio están afectados por humedades de capilaridad en la planta baja", toda vez que "en el muro perpendicular de la caja de escalera principal se aprecian fisuras y grietas de separación del paño de muralla", lo que "indica un posible movimiento de asiento, afectando a la estructura vertical de esta zona de la edificación".

    "REVESTIMIENTOS DESPRENDIDOS"

    Del mismo modo, los técnicos apreciaban que en diversos muros exteriores de la edificación "se observan revestimientos desprendidos y disgregados".

    Al respecto, ante la no ejecución de las medidas ordenadas en 2013, la Gerencia de Urbanismo y la Dirección de Patrimonio del Estado acordaban en 2018 que la primera de estas entidades acometiese las obras de conservación y seguridad necesarias en esta construcción, de manera subsidiaria, para que los costes fuesen finalmente asumidos por la Administración estatal.

    A partir de ahí, la Gerencia de Urbanismo adjudicó dichos trabajos de conservación a la empresa Grucal Infraestructuras por un importe total de 157.356 euros, si bien según un acuerdo adoptado en primavera por el consejo de gobierno de la Gerencia, "encontrándose en ejecución las obras", un informe del 2 de abril reflejaría que "desde la última semana de enero de 2019, la empresa adjudicataria no ha ejecutado trabajo alguno en el presente mes de marzo", lo que "ratifica y amplía el incumplimiento de la programación de obras" pese a los requerimientos de "retomar de forma inmediata los trabajos".

    AMPLIACIÓN DEL PLAZO

    Ahora, una resolución emitida el pasado 18 de septiembre por la Gerencia de Urbanismo refleja que el pasado 2 de mayo, Grucal Infraestructuras solicitó "una ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019, motivada por la situación provocada por los cambios en el accionariado de la empresa y por las circunstancias de carácter legal, financiero y de tramitación administrativa que ello ha conllevado", toda vez que Grucal Infraestructuras afronta una anunciada demanda de declaración de concurso necesario de acreedores por deudas por valor de más de 2,6 millones de euros.

    En ese sentido, la Junta de Andalucía anunciaba recientemente su decisión de rescindir a una unión temporal de empresas (UTE) de la que participa Grucal el contrato de obras de construcción de la segunda fase del nuevo recinto del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Raimundo Lulio de Camas, al arrastrar los trabajos varios meses de paralización.

    Ante la petición de la empresa, en cualquier caso, la Gerencia de Urbanismo ha autorizado dicha ampliación del plazo de ejecución de las obras, fijando el 31 de diciembre de este año "como nueva fecha para la finalización" de los trabajos contratados.

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