SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
Andalucía, que es la primera comunidad autónoma que tiene una normativa específica para la asistencia a personas victimas de delitos o faltases, ha constituido este jueves el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas en Andalucía, órgano consultivo que, entre otras funciones, se va a encargar de asesorar a los organismos e instituciones públicas o privadas vinculadas a este ámbito.
Según ha informado la Consejería de Gobernación y Justicia en una nota, el nuevo Consejo está presidido por la persona titular de la Dirección General de Justicia Juvenil y Servicios Judiciales de la Consejería de Gobernación y Justicia, competente en la materia, e integrado por la presidencia, y ocho vocales, tres en representación de los Servicios de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA); uno de la judicatura; uno del Ministerio Fiscal; uno de los secretarios judiciales; uno de los jefes de servicio de Justicia de las delegaciones del Gobierno central y un vocal de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
El SAVA, adscrito a la Consejería de Gobernación y Justicia, es un servicio directo, público, gratuito y multidisciplinar al que puede acudir cualquier persona que haya sido victima de un delito o falta para recibir tanto asistencia jurídica como apoyo psicológico y social. Su estructura se organiza en nueve servicios ubicados en dependencias judiciales de las ocho provincias andaluzas y del Campo de Gibraltar.
Cada uno de ellos cuenta con una plantilla de profesionales con formación especializada en atención y asistencia a víctimas, esto es, juristas, psicólogos y trabajadores sociales.
Las personas usuarias acceden al servicio directamente o tras ser derivadas, en su mayor parte, desde instancias judiciales y por los cuerpos de seguridad. En este sentido, el SAVA en coordinación con los diferentes agentes que intervienen cuando se denuncia un hecho delictivo, informa y asesora a las víctimas sobre la tramitación de la denuncia y sus derechos.
De igual modo se encarga de acompañarlas a los juicios y de gestionar la asistencia en casas de acogida cuando se trata de mujeres víctimas de violencia de género. Durante la última legislatura y hasta la fecha, han sido atendidas cerca de 46.000 personas.
