Alonso insta a "buscar un consenso que posibilite la paralización de una decisión que afecta gravemente al deporte andaluz"
SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía y el Gobierno Central han acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, sobre la imposición de la licencia deportiva única a nivel estatal.
Para ello se ha creado un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía la solución que proceda, según se indica en una nota de prensa.
La imposición, a través de esta Ley de Racionalización del Sector Público, de la licencia deportiva única perjudicaría gravemente a las federaciones deportivas andaluzas. Esta medida conllevaría la pérdida del 50 por ciento de las licencias deportivas existentes en la Comunidad, así como la desaparición de 7.500 entidades de las 18.000 inscritas en el Registro Andaluz de Federaciones Deportivas, una minoración de ingresos entre seis y siete millones de euros y la eliminación de unos 200 puestos de trabajo.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha apelado "a la búsqueda de un consenso que posibilite la paralización de una decisión que afecta gravemente al deporte andaluz. Estoy esperanzado de que se llegue a una solución satisfactoria y que sea beneficiosa para todos, en especial para las federaciones deportivas andaluzas, que serían las más perjudicadas".
Alonso ha recordado que la implantación de la licencia única "supondría una injerencia en las competencias en materia de deporte que tiene la Junta de Andalucía, pretendiendo que los más de 574.000 federados andaluces paguen una cuota a la federación española, aún sin competir, cuando la legislación vigente permite que el deportista andaluz abone la licencia deportiva con habilitación nacional sólo cuando compita en ese ámbito.
"El inicio de estas negociaciones paraliza, de momento a la espera de una posible solución, el recurso de inconstitucionalidad que iba a presentar la Junta de Andalucía contra esta Ley de racionalización del Sector Público, dado que nos permite ampliar el posible plazo de presentación del mismo al Tribunal Constitucional en seis meses", ha señalado igualmente el consejero.
