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El imputado se acoge a su derecho a no declarar ante Alaya y dice que ésta "ya no es competente" para instruir la causa
SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes una fianza de responsabilidad civil de 26.036.437 euros para el exdirector general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actual agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
Según el acta de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el imputado se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya después de que ésta le haya imputado tres presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial.
No obstante, y en un escrito presentado en el Juzgado, el imputado dice que no se ratifica en la declaración prestada como testigo ante la Guardia Civil el día 19 de septiembre de 2012 ya que, "a pesar de estar firmada por mí, se puede comprobar que dicha declaración duró cuatro horas y 15 minutos, comenzó a las 9,45 horas terminando a las 14,00 horas".
"Lo que yo declaré fue bastante más extenso que lo que figura en la misma, recogiéndose todo lo manifestado en once folios solamente, cuando la realidad es que yo declaré bastante más cosas de lo que se refleja en dichos once folios de mi declaración, contendiendo estos folios frases fuera de contexto respecto de lo que realmente declaré", asevera.
De igual modo, el exalto cargo de IDEA señala que el relato de hechos "presuntamente delictivos" que se le imputan "se basa precisamente en la declaración prestada en calidad de testigo ante la Guardia Civil, declaración por la que se no me puede incriminar como imputado pues no ha sido prestada con las debidas garantías constitucionales y procesales".
Así, y según el Tribunal Supremo, esta declaración como testigo "vendría a considerarse como 'prueba prohibida'", dice el imputado en su escrito.
Miguel Ángel Serrano asegura, además, que la juez Mercedes Alaya ha imputado a todos los miembros del Consejo Rector de IDEA entre 2001 y 2008, "con la excepción de las personas que siendo actualmente parlamentarios --autonómicos o nacionales-- tienen la condición de aforados".
EL IMPUTADO NOMBRA A CUATRO EXCONSEJEROS QUE SON AFORADOS
El imputado asevera que, como quiera que "los mismos hechos que como delictivos se le imputan a las personas no aforadas, han sido cometidos por personas que gozan de fuero propio, este Juzgado ya no es competente para continuar la instrucción de esta causa, por cuanto que la investigación judicial se encuentra agotada en esta sede judicial, teniendo que dirigir el proceso necesariamente contra alguna de las personas que gozan de fuero", citando en este punto a los exconsejeros de la Junta Antonio Ávila, Carmen Martínez-Aguayo, Francisco Vallejo y José Antonio Viera.
La juez considera que tanto Miguel Ángel Serrano, que fue director general de IFA entre 2004 y 2008, como su antecesor en el cargo, Francisco Mencía, "participarían del sistema ideado entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento, que adopta carta de naturaleza a través del convenio marco de 17 de julio de 2001 al suscribir ambos" con el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "convenios particulares de ayudas, cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo fuera inferior a 450.759 euros".
Según la instructora, ambos exaltos cargos de IDEA conocerían que "tales ayudas comprometidas por la Consejería de Empleo serían abonadas mediante el uso inadecuado de las transferencias de financiación, destinadas solo a financiar la actividad genérica de IFA o sus pérdidas, pero en modo alguno para el pago de subvenciones, pues ello suponía prescindir del procedimiento legal de subvenciones y de sus controles por parte de la Intervención".
Así, ambos "serían partícipes y conocedores del falseamiento del presupuesto de IFA/IDEA, presupuestando gastos inexistentes para permitir el sistema, esto es, el uso de las referidas transferencias de financiación a la Consejería de Empleo".
SEGÚN ALAYA, EL IMPUTADO SUSCRIBIÓ 42 CONVENIOS POR 210,9 MILLONES
De este modo, y según la magistrada, Miguel Ángel Serrano habría suscrito un total de 42 convenios por importe de 210,9 millones de euros y "conocería desde el primer momento la situación de déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo, y en el que colaboraba IDEA anticipando el pago de las ayudas".
Asimismo, "fue conocedor y partícipe de las importantes irregularidades de las ayudas directas y sociolaborales que se gestionaban entre la agencia y la Dirección General de Trabajo, expuestas en el Informe Adicional al de Cumplimiento de fecha 25 de julio de 2005, al que tuvo acceso".
Igualmente, "omitiría también la obligada dación de cuentas de los convenios de ayuda directa a empresas inferiores a 450.750 euros, suscritos por él y el director general de Trabajo desde junio de 2004 hasta la entrada en vigor de los estatutos de IDEA el 21 de febrero de 2007, sustrayendo tales convenios del necesario control del Consejo Rector".
Sobre Francisco Mencía, la juez asegura que, "a sabiendas de su ilegalidad", firmaría 124 convenios que sumarían 115,2 millones, "entre ellos múltiples convenios de ayudas directas a empresas por habilitación del Consejo Rector, destacando por su relevancia la sesión de 30 de enero de 2004, conociendo que gran parte de estas ayudas favorecían injustamente a la Sierra Norte de Sevilla y a determinados grupos empresariales, entre ellos" el de José Enrique Rosendo y José María Sayago.
A ello se suma que habría conocido que "muchas de estas ayudas eran por el tope de 1,2 millones de euros para evitar la ratificación del Consejo de Gobierno de la Junta".
