Actualizado: miércoles, 22 enero 2014 14:55
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SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 584.000 euros para un sindicalista de CCOO imputado por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía en relación al ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga).

   Fuentes del caso han informado a Europa Press de que José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa como secretario de la sección sindical de CCOO y prejubilado en el expediente de regulación de empleo (ERE) del Hotel Cervantes, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la magistrada Mercedes Alaya.

   Tras ello, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha solicitado para el imputado una fianza civil de 584.000 euros, cantidad que, a su juicio, se corresponde con las dos pólizas cobradas por los 'intrusos' en el ERE --como son Carlos Andrés Sendino y José Antonio Cuevas-- más el tercio legal previsto.

   En este sentido, hay que destacar que Anticorrupción ha solicitado declarar responsable civil subsidiaria a la federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO.

   La juez imputó a José Cabrera Molina al entender que "sería conocedor de la inclusión de 'intrusos' en el ERE" y además "facilitaría el proceso".

   En segundo lugar, ha comparecido ante la instructora Antonio Isla Barba, quien fue gerente de Viajes Marbesol y que, según la juez, "introduciría en el ERE relativo al citado hotel a Carlos Andrés Sendino, trabajador de Viajes Marbesol", con el objetivo de que éste "se acogiera al plan de prejubilaciones derivado del ERE a pesar de que no reunía los requisitos para ello".

   Durante su declaración, el imputado, a quien la juez atribuye un delito de malversación de caudales públicos, "se ha desvinculado de todo", según las fuentes consultadas, que han precisado que, en su caso, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han pedido medida cautelar alguna para el encausado.

UN IMPUTADO ASEGURA NO CONOCER A JUAN LANZAS

   Por último, la juez ha tomado declaración también por un delito de malversación a Miguel Rodríguez Ortega, quien, según Alaya, como director del Hotel Cervantes "firmaría" la solicitud del ERE "a sabiendas de la inclusión de dos personas que no tenían derecho a las prejubilaciones pactadas, falseando presuntamente los datos contenidos en las fichas relativas a ambos trabajadores respecto a la fecha de antigüedad en el hotel".

   En su comparecencia, el que fuera responsable del hotel ha destacado la especial "implicación" que con la gestión del mismo tenía el empresario José María Ruiz Mateos, narrando como anécdota que, cuando éste iba al establecimiento, "pasaba la mano por el suelo para ver si estaba limpio".

   De igual modo, el imputado ha asegurado no conocer al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, al que, durante sus jornadas de trabajo de lunes a viernes, no vio nunca por el establecimiento.

   En su caso, la Fiscalía Anticorrupción le ha pedido una fianza civil de 58.400 euros, exactamente un diez por ciento de lo solicitado respecto al sindicalista José Cabrera.

   La juez también había citado este miércoles como imputado a Rafael Isla como gerente de Autos Marbesol, empresa adquirida por el Grupo Nueva Rumasa a quien atribuye la inclusión en el ERE del Hotel Cervantes del extrabajador de su empresa José Antonio Cuevas "con el fin de que fuera beneficiario de las prejubilaciones pactadas para los trabajadores del hotel sin que tuviera derecho a ello" el 'intruso'.

   No obstante, y después de que no se haya identificado a ninguna persona con este nombre en relación al caso, la magistrada ha decidido anular la citación.