SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha criticado este lunes el "chantaje" al que, a su juicio, han sido sometidas las familias que ocuparon varias de las viviendas protegidas del barrio de Nuevo Amate, al ceñir el Ayuntamiento hispalense la renuncia a las acciones legales emprendidas contra estas personas, a la retirada previa de la denuncia formulada contra la Policía Local por el cordón policial desplegado en torno a las viviendas ocupadas.
En un comunicado, APDH-A menciona casos como el de las familias que habitan sin relación contractual alguna las viviendas de renta libre correspondientes a los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja'. Y es que el Ayuntamiento "les cortó el suministro básico del agua, no haciendo nada para solucionar el problema". La organización critica además que el Ayuntamiento no asistiese a la última reunión convocada por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, para tratar este conflicto sobre el que pesa ya una orden de desalojo forzoso.
En cuanto a las familias que ocuparon varias de las 220 viviendas protegidas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) en los suelos del antiguo barrio de Regiones Devastadas, rebautizado como Nuevo Amate, APDH-A lamenta el "chantaje" promovido por el Ayuntamiento al haber supeditado la retirada de la denuncia que Emvisesa formuló contra estas familias, a la retirada previa de la demanda que dos familiares de estas personas promovieron contra la Policía Local a cuenta de los rigores del cordón policial.
"Es un chantaje inaceptable. No puede ponerse en condiciones de igualdad el intento de cubrir un derecho básico, como es el derecho a la vivienda, que el Ayuntamiento no ha dispensado a estos vecinos con necesidad como es su obligación, con lo que entendemos ha sido una violación de derechos fundamentales y un posible delito de coacciones". "La ciudadanía tiene el deber y la obligación de organizarse para satisfacer los derechos humanos básicos, como es el derecho a la vivienda, y sobre todo cuando las administraciones les dan sistemáticamente la espalda incumpliendo sus obligaciones", dice.
"El Ayuntamiento no puede criminalizar a las personas excluidas, debe ir a la raíz del problema, que no es otra que la carencia del derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure los bienes necesarios para una vida digna", dice APDH-A, una organización según la cual, "las familias que se realojan en viviendas vacías están dando un grito de desesperación a las administraciones y a la sociedad en general". "La denuncia de Emvisesa pretende, absurdamente, callar el grito y señalar como culpables a quienes son víctimas", concluye.
