Falta de salario social inmigrante, "criminalización" de prostitutas o la atención sanitaria en cárceles, entre los principales problemas
SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha presentado, con motivo de la celebración este miércoles del Día Internacional de los Derechos Humanos, un informe con las principales situaciones de vulneración de estos derechos en la comunidad durante el año 2014, ofreciendo asimismo su valoración sobre la actual situación, que califica de "insostenible", con un deterioro "fundamental" y "a un paso de ir mal a ir muy mal".
En rueda de prensa, el coordinador general de APDH-A, Valentín Aguilar, ha expuesto que en Andalucía la Declaración Universal de Derechos Humanos se incumple "de forma permanente y constante", subrayando asimismo que, dada la actual tesitura, el resultado del trabajo realizado no puede ser satisfactorio.
Uno de los principales factores a tener en cuenta es que si en 2007, antes de la llegada de la crisis, había una situación de "bonanza" y una tasa de pobreza "relativamente sencilla", actualmente la vulnerabilidad alcanza a la población tradicionalmente no excluida.
Por ello, las peticiones de APDH-A a la administración, cuya "ineptitud" critica, son claras. En el caso autonómico, pasan por la institución de la Ley de Inclusión y la Renta Básica Universal, así como por la transferencia de las competencias sanitarias del Estado a la Junta --"tal y como está planteado por ley desde 2003"-- en los centros penitenciarios, "el espacio más oscuro de este sistema en el que vivimos".
Con un 38 por ciento de la población en situación de exclusión y pobreza, y con un estado de emergencia habitacional, Aguilar apunta a los "inaceptables" índices de paro y a los datos ofrecidos por Cáritas Andalucía según los cuales el 25 por ciento de la población andaluza, 2,1 millones de personas, viven en situación de exclusión social (697.000 hogares) y más de un millón de esas personas en una situación de exclusión severa (334.000 hogares), sin posibilidad de acceso a las necesidades más básicas.
"CONTINUA" VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA
Asimismo, incide en la "continua" vulneración del derecho a la vivienda, el aumento de las familias que malviven en asentamientos chabolistas o en la tesitura de personas sin hogar: solo Cáritas atendió a 4.580 personas en 2013, al tiempo que se "desmantelan" los servicios sociales, en una situación en la que, según los datos del colectivo, desde 2007 se ha triplicado el número de personas que viven en la calle.
Por ello, APDH-A reclama la paralización de desahucios en primeras viviendas y de los cortes de suministros básicos, políticas de vivienda que garanticen el acceso a las mismas y la aprobación del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, así como la erradicación del chabolismo y la infravivienda en Andalucía y habilitar los espacios públicos necesarios para que ninguna persona esté en la calle por falta de recursos económicos.
Con respecto a las personas migrantes, el coordinador general de APDH-A ha demandado el derecho al "salario social" y que la carencia de Número de Identidad de Extranjero (NIE) no suponga un obstáculo para acceder a bonificaciones de precios de escuelas infantiles y comedores escolares, en igualdad de condiciones con el resto de la población andaluza. "Aquí la administración se comprometió a actuar, pero seguimos viendo carencias", ha precisado.
Ha denunciado la situación de los asentamientos de personas inmigrantes en Huelva vinculados a la producción agrícola, donde sobreviven en condiciones "infrahumanas" alrededor de unas 2.500 personas, siendo necesario, para la APDH-A, un Plan Integral. En la actividad de control de fronteras y la "gestión" de los flujos migratorios, reclaman que se cumpla "estrictamente" el respeto de los derechos humanos, habida cuenta de que en 2013 perdieron la vida hasta 130 personas --que se hayan contabilizado-- intentando llegar a Europa "víctimas del blindaje y la externalización de fronteras".
"ABSOLUTA INHUMANIDAD" PARA ENFERMOS MENTALES EN PRISIÓN
Respecto al área de prostitución, Aguilar ha expuesto que las mujeres en esta situación se ven "criminalizadas" y "dificultadas" en su labor por el hecho de que en algunas ciudades se multe tanto a los clientes como a las prostitutas, lo que "no es la solución", ya que a lo único que lleva es que éstas estén "más ocultas", agravándose la situación de "exclusión social y precariedad laboral" que sufren las personas que ejercen la prostitución en la calle.
APDH-A enfoca su crítica en situaciones como la de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde "se está produciendo un acoso personal que se traduce en situaciones como que una misma persona llegue a acumular dos denuncias en un mismo día o cinco denuncias en treinta días".
"Los efectos perversos de estas estrategias fuertemente criminalizadoras no sólo alcanzan a quienes ejercen libremente la prostitución, sino también a las mujeres que están en una situación de prostitución forzada que, en lugar de sentirse protegidas, se ocultan de unos agentes que las persiguen sin reparar en las garantías que debiera ofrecerles un Estado de Derecho", dice el colectivo, que solicita la eliminación "urgente" de todo sistema de sanciones previstos en las ordenanzas, sustituyéndolas por el diálogo y propuestas pactadas en igualdad de condiciones de todos los actores implicados, habida cuenta del nulo efecto disuasorio.
Con relación al área de Cárceles, por último, Valentín Aguilar ha señalado que la atención sanitaria a las personas presas debe ser igual a la dispensada a la población libre: la medicación se "cambia, abarata o suprime", con una asistencia sanitaria de "segunda calidad" en centros en los que se dan enfermedades "prácticamente erradicadas en el exterior", como la tuberculosis.
También ha apuntado a la "absoluta inhumanidad" de la situación de los enfermos mentales que se encuentran en prisión al no existir ningún otro recurso comunitario para ellos. Asimismo, critican la "impunidad" de prácticas de torturas, los problemas vinculados a los trabajos en prisión o la necesidad de reinstauración inmediata del Servicio de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria por la Junta de Andalucía, "tal y como aprobó el Parlamento en dos Proposiciones no de Ley".
