La asociación critica que los reclusos "hayan estado dos años sin acceder a la medicación" por un conflicto entre Junta y Ministerio
SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) valora que la Junta de Andalucía haya comenzado este miércoles a dispensar los tratamientos médicos "necesarios" a presos con hepatitis C, "un paso adelante" que la Administración autonómica da dos años después, "consciente de la injusticia y el atentado contra la vida y la salud de las personas privadas de libertad, ya que este tratamiento se dispensa a toda la población libre".
En un comunicado, la organización señala que la realidad de las prisiones es que, en multitud de ocasiones, una persona por el mero hecho de estar en la cárcel no puede acceder a un tratamiento del que sí podría disponer y se le dispensaría sin ningún problema si estuviera libre, aunque este medicamento sea imprescindible para su esperanza de vida. De hecho, las restricciones impuestas por los recortes económicos "están imposibilitando" que las personas presas accedan a un derecho básico como es el de la protección de la salud, tal y como garantiza la Constitución Española y el Reglamento Penitenciario.
"Éste era hasta el día de hoy el caso de los presos con hepatitis C, cuya tasa de incidencia es especialmente alta entre la población reclusa", ya que Instituciones Penitenciarias (IIPP) "estaba dificultando o negando desde hace dos años que estos reclusos enfermos accedieran a un nuevo tratamiento que duplicaba las opciones de curación y que, en algunos casos, era su única opción terapéutica". La Apdha explica que el tratamiento se basa en una triple terapia en la que se unen los medicamentos habituales que se empleaban hasta ahora para el tipo de hepatitis genotipo 1A, que es el más común, (interferón pegilado y ribavirina) con un nuevo fármaco (boceprevir o telaprevir).
Ante la evidencia de la eficacia de este nuevo fármaco, y siendo normalizada su administración en las comunidades autónomas, los médicos de las prisiones "comenzaron a solicitarlo y fueron recibiendo diversas instrucciones de la Subdirector General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria". Así, prosigue la Apdha, primero se prohibió su prescripción bajo apercibimiento de una posible responsabilidad o expediente utilizando diferentes excusas.
Posteriormente se les informó de que había que esperar a una posible lista con un cupo de pacientes para ser tratados en función de la disponibilidad presupuestaria y ser atendidos en un centro hospitalario de Madrid. Por último, en casos de coinfección con VIH, se afirmó que no cumplían con los requisitos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), por lo que a estos pacientes no se les admitía (ni admite) su administración en ningún caso. Sin embargo, la asociación señala que la razón de esta negativa era es el precio del medicamento, y afirma que en todo este proceso la Junta "decidió considerarse incompetente".
"Ahora, por fin, esta Administración autonómica ha dado un paso adelante, asumiendo la dispensación del tratamiento, consciente de la injusticia y el atentado contra la vida y la salud de las personas privadas de libertad, ya que este tratamiento se dispensa a toda la población libre". En este sentido, añade que desde agosto de 2012, año en el que se establecen los "cupos" para pacientes monoinfectados, hasta el 23 de octubre de 2013, solamente se había tratado a cuatro enfermos, ninguno de Andalucía, según datos de IIPP. En cambio, "desde finales de 2011 en los hospitales españoles se han administrado casi 2.000 tratamientos de la nueva terapia".
Así pues, la Apdha valora que los personas presas "comiencen a recibir el tratamiento debido, quedando entre las administraciones la determinación de quien debe costear el mismo", toda vez que censura que la Administración Penitenciaria "asumiera previamente el coste de los medicamentos antiguos para el tratamiento de la enfermedad, y no lo haga con esta nueva medicina por el alto coste, y que recientemente haya manifestado que no es su competencia cuando sí estaba dispuesto a dispensarlo pero en el Hospital Gregorio Marañón".
Por otra parte, la Apdha critica que la Junta "haya tolerado" que durante dos años ciudadanos andaluces "hayan sufrido un importante deterioro de su salud, pudiendo haber dispensado el tratamiento entonces y no ahora". Al respeto, afirma que diversas resoluciones judiciales "no dejaban dudas de que la administración competente para el pago era el Ministerio del Interior, a menos que se estableciera algo diferente en posibles modificaciones de los convenios de coordinación en materia de salud, pero eso no eximía a la Junta de su dispensación --concepto diferente al del pago del medicamento--, cosa a la que se ha negado durante los dos últimos años".
Por último, la asociación asegura que todos estos problemas "se solucionarían si la comunidad reclamase sus competencias en materia de sanidad penitenciaria en ejecución de la Ley 16/03, de 28 de mayo pasando así a depender toda la gestión de la salud de la población reclusa a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y no del Ministerio de Interior, cosa que debía haber realizado desde 2004".
