Han celebrado una concentración en el municipio y este miércoles acuden al Parlamento en demanda de que la Junta adquiera las casas
SANTIPONCE (SEVILLA), 8 May. (EUROPA PRESS) -
Los inquilinos de las 58 viviendas protegidas promovidas en Santiponce (Sevilla) por la extinta sociedad municipal Prosuvisa, declarada en 2013 en concurso de acreedores, han celebrado este martes concentraciones en dicho municipio y este miércoles harán lo propio ante el Parlamento de Andalucía, en demanda de que la Junta de Andalucía compre estas viviendas cuya titularidad habría recaído en una empresa privada en el marco de la liquidación de Prosuvisa.
Se trata de dos promociones de viviendas protegidas en régimen de alquiler ubicadas en las calles Natalio Muñoz y Mercedes Ortega Farfán de Santiponce, que suman 58 inmuebles entre ambas.
Para la construcción de tales viviendas protegidas, según rememoraba a Europa Press el exalcalde de Santiponce José López (IU) a finales de noviembre de 2017, la sociedad municipal Prosuvisa suscribió un préstamo de unos 1,5 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con idea de ir amortizando paulatinamente dicha deuda, en parte con los alquileres aportados por los inquilinos.
Pero allá por 2013, las dificultades económicas de Prosuvisa motivaron un concurso de acreedores declarado como "fortuito" en 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, toda vez que también ese año fue aprobado el plan de liquidación de la citada sociedad municipal, al objeto de sufragar en todo lo posible las deudas arrastradas por la misma.
Y es que según el exalcalde, Prosuvisa aún tendría unos 800.000 euros pendientes de pago por el préstamo con el ICO, toda vez las rentas de alquiler pendientes de pago por parte de los inquilinos con la ya extinta sociedad municipal oscilarían los 350.000 euros por aquel mes de noviembre.
Lo cierto es que después de que en 2013 la citada empresa municipal fuese declarada en concurso de acreedores, una subasta derivada de la liquidación de la misma se habría saldado con la adjudicación de las viviendas a la sociedad privada Japp Samarfa, según ha informado a Europa Press Eva Querencio, una de las inquilinas de estas VPO.
EL PAPEL DE LA JUNTA
No obstante, esta portavoz del colectivo de inquilinos ha manifestado que la Junta de Andalucía cuenta con un "plazo de 60 días" para ejercer su derecho a tanteo o retracto sobre las viviendas, extremo que reclaman los moradores de estas VPO, bajo la premisa de que unas viviendas públicas construidas en suelo público no pueden caer "en manos de una empresa privada".
"Queremos una solución pública", ha manifestado esta vecina, exponiendo que en principio, la Administración andaluza estaría "dispuesta" a hacerse con las VPO, contando incluso con "una partida de cuatro millones de euros" para ello.
En cuanto a los impagos de alquiler en el que incurrirían buena parte de los inquilinos, extremo que habría incidido en la quiebra de Prosuvisa, mediaría ya el "compromiso" de estos inquilinos para "liquidar" sus deudas y actualizar los pagos en un "tiempo limitado".
En cualquier caso, el colectivo ha iniciado este martes una serie de acciones destinadas a "visibilizar" su situación y su demanda a la Junta respecto a la adquisición de las viviendas. En concreto, los inquilinos han celebrado esta jornada sendas concentraciones en la avenida de Andalucía y ante el Ayuntamiento de Santiponce, gobernado por Carolina Casanova (PSOE), y este miércoles celebrarán una concentración ante el Parlamento de Andalucía pasadas las 15,00 horas, con motivo del pleno que celebra la institución.
Previamente, en torno a las 9,30 horas de este miércoles, el colectivo espera celebrar una reunión en el Ayuntamiento poncino con el delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Jesús María Sánchez, para abordar el asunto.
