SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
La asociación Sevilla Bebés Robados y Las Madres de la Plaza San Francisco retoman sus concentraciones periódicas y saldrán de nuevo a las calles, a las 11,15 horas, al tratarse del primer domingo del mes y lo harán "respetando y cumpliendo las medidas de seguridad" establecidas por las autoridades sanitarias.
"En esta ocasión confiamos en que la afluencia sea algo mayor y podamos darnos cita, en la Plaza Nueva, en torno a medio centenar de personas. El mes pasado, aún estábamos en las primeras fases de la desescalada, muchos miembros son mayores y tenían serias dificultades para desplazarse desde sus localidades", ha afirmado el secretario de la asociación, Alfonso Cárdenas, a Europa Press.
En un comunicado, el colectivo recuerda que unas 300.000 personas podrían haber sido niños robados durante el franquismo y los primeros años de la Transición. "Personas que fueron separadas de sus padres al nacer y dados en adopción a otras familias a cambio de dinero y a través de irregularidades y documentos falsificados, de tramas corruptas de médicos, jueces y religiosos".
El objetivo de estas concentraciones es seguir reclamando el "robo masivo y sistemático de bebés" durante décadas como un problema de Estado e instar a las autoridades españolas a una investigación "efectiva" de los hechos que permita la búsqueda de menores desaparecidos, "hoy ya adultos en busca de su identidad robada", así como impulsar que se promulguen leyes "que permitan la persecución y enjuiciamiento de los culpables de este delito".
La asociación afirma que muchos de esos niños descubrieron que su vida "se fundamentaba sobre una mentira" y tratan ahora, "muchas veces sin éxito, de conocer su verdadera historia". En esta ocasión, la entidad, que saluda que se haya admitido a tramite la Ley de Bebés Robados el pasado mes de marzo, "confía plenamente en que esta vez sí llegue a aprobarse".
La ley establece que sea el Estado el que "asuma" la búsqueda activa de los bebés robados y su identidad. "No serían las víctimas, como hasta ahora, las que tengan encargarse de las investigaciones y, además, crea una fiscalía y unidades de policía especializadas; los delitos serían considerados de lesa humanidad y, por tanto, no prescribirían", añade el comunicado.
Asimismo, la asociación destaca que otra de las disposiciones obligará a las administraciones públicas y a la Iglesia Católica a abrir sus archivos, "lo que podría ser útil a los juzgados, a la hora de investigar, o a cualquier victima interesada y que quiera acceder por su cuenta".
