Hacen pública una campaña en las redes sociales bajo el lema 'Con mi dinero, yo no apoyo la discriminación'
SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) ha mostrado su "indignación y sorpresa" ante la resolución de la comisión de conciliación creada por el caso de la menor transexual del colegio San Patricio de Málaga, por el que la Junta no retira el concierto centro malagueño, de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que depende del Obispado, pero lo "apercibe".
En un comunicado, la asociación entienden que las manifestaciones públicas hechas por la Consejera de Igualdad, Salud y Políticos Sociales como por el propio consejero de Educación en referencia a este tema, donde "expresaron que protegían y garantizaban la no vulneración del derecho de los menores a su integridad, dignidad y libre desarrollo de su personalidad y que estas pautas se ajustaban a derecho, advirtiendo además que no se iba a permitir en nuestra comunidad tales hechos, entran en contradicción con el acuerdo adoptado por la comisión".
A juicio de ATA, "se está dejando a estos menores en una situación de desprotección y vulneración de derechos" y "se está dando pie a que estas prácticas se reproduzcan en otros colegios sin tener consecuencias". Por tanto, consideran que desde el Gobierno andaluz "se legitima la vulneración de estos derechos, garantizados por el Estatuto de Autonomía, con toda impunidad y su beneplácito".
"Con dinero público no se puede fomentar y apoyar la discriminación, con unas prácticas que nos retroceden a los peores momentos del nacionalcatolicismo, dejando a uno de los colectivos más vulnerables desamparado del derecho que nos garantiza la Constitución y el Estatuto a toda la ciudadanía", declara la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, quien añade que un Estado democrático y aconfesional "tiene la obligación de que la educación sea pública, de calidad y respete la diversidad".
De este modo, ATA hace un llamamiento a la ciudadanía, entidades sociales, políticas y sindicales "a exigir el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico". Por ello, hacen pública una campaña en las redes sociales bajo el lema 'Con mi dinero, yo no apoyo la discriminación'.
