LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 1 May. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), gobernado por Juan Manuel Valle (IP-IU) y marcado por graves dificultades económicas, ha resuelto solicitar al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), una actualización de su "diagnóstico económico", según ha informado a Europa Press el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IP-IU). Recordemos que una auditoría del periodo contable 2007/2011 refleja un remanente negativo de tesorería por valor de 37 millones de euros, con lo que a juicio de los auditores, para el Consistorio palaciego "la obligación de saneamiento es de muy difícil e incluso de imposible cumplimiento".
Juan Manuel Valle ha explicado que desde el periodo contable analizado por dicha auditoría, el Ayuntamiento palaciego ha acometido diversas medidas, como por ejemplo una contabilización pragmática y realista de los ingresos y los derechos de dudoso cobro, pues según expone, el anterior Gobierno local socialista contabilizaba como activos los derechos de dudoso cobro. En las cuentas de 2012, según explica, el Ayuntamiento palaciego dejó ya de contabilizar como activo unos 4,5 millones de euros sujetos a derechos de dudoso cobro, repitiendo esta práctica en las cuentas de 2013 con aproximadamente 5,5 millones de euros.
"RECTIFICACIONES CONTABLES"
Merced a "rectificaciones contables" como esta y otras medidas de ajuste adoptadas durante 2012 y 2013, expone Juan Manuel Valle que la situación económica del Ayuntamiento palaciego "ha evolucionado" y el remanente negativo de tesorería habría sido reducido intensamente en los ejercicios contables 2012 y 2013, por lo que "aunque seguimos maniatados en materia de tesorería, estamos en el camino correcto". De cualquier modo, el Ayuntamiento ha pedido al Opaef una "actualización" del diagnóstico económico ya elaborado sobre este ayuntamiento, contando para ello con las liquidaciones de los presupuestos de 2012 y 2013.
De todos es sabido que el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca sufre una situación económica especialmente cruda, dado que sus 350 funcionarios y empleados públicos tienen pendiente el cobro de cinco nóminas y el Gobierno municipal ha llegado a cuantificar en unos 73 millones de euros la deuda de esta Administración local y la de la empresa municipal Iniciativas y Desarrollos de Los Palacios S.A. (Idelpa), declarada en concurso de acreedores.
Un buen reflejo de esta situación es la auditoría de cuentas elaborada en 2013 por 'Iberaudit Kreston' sobre el periodo 2007/2011 de las cuentas del Ayuntamiento palaciego. El informe, recogido por Europa Press, comienza avisando directamente de la repercusión que, en el trabajo de los auditores, han tenido las "incoherencias de importancia" detectadas en las cuentas generales y resultados de los ejercicios 2007 y 2008, pues por ejemplo, "los resultados difieren en 3,59 y 3,79 millones de euros en 2007 y 2008, respectivamente", respecto a los balances utilizados.
INGRESOS Y GASTOS
A la hora de examinar cada uno de los ejercicios contables, el informe refleja que "los ingresos liquidados son muy inferiores a los presupuestados", con una diferencia "por encima del 30 por ciento" que sólo se reduce al 20 por ciento en el caso del ejercicio 2008. "Los presupuestos de ingresos no se correspondían a la realidad, pero se seguían presupuestando cantidades similares o incluso superiores", señalan los auditores, quienes explican que tal extremo se tradujo en un "déficit acumulado" de 17 millones de euros entre 2007 y 2011, lo que constituye el 67 por ciento de los ingresos liquidados en 2011.
En cuanto al remanente de tesorería, se trata de un indicativo "negativo" en todos los ejercicios examinados como consecuencia de "un aumento sistemático de las obligaciones de pago frente a un descenso de los derechos de cobro". Y es que, por ejemplo, si bien para el conjunto de años analizados la partida de Festejos Populares contaba con 3,63 millones de euros, los gastos reales ascendieron finalmente a 5,29 millones de euros, mientras en el caso de los servicios de telecomunicaciones y transportes, "las obligaciones reconocidas son aproximadamente el doble del presupuesto inicial". En la misma línea, si bien en 2011 fueron presupuestados 75.000 euros en materia de combustibles, los gastos liquidados por este concepto ascendieron a 147.000 euros.
Con esta evolución, el remanente de tesorería se elevaba en 2011 a una cifra negativa de 37 millones de euros, "lo que supone un 145 por ciento de los ingresos liquidados en el último ejercicio". "Estas cifras impiden tomar las medidas de saneamiento previstas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puesto que imposibilitarían el desarrollo ordinario de las prestaciones de servicios del municipio a sus ciudadanos", observan los auditores.
Para ellos, "dada la situación de la corporación, la obligación de saneamiento es de muy difícil e incluso de imposible cumplimiento", si bien los presupuestos del año 2012 partían de "criterios más realistas" y una caída de 14 millones de euros en el concepto de ingresos presupuestados y una reducción de los "gastos liquidados".
