El Ayuntamiento reclama los costes de las obras acometidas subsidiariamente en la antigua Corrala Dignidad

Los pisos fueron desalojados el pasado verano por deficiencias estructurales y de salubridad

El Ayuntamiento reclama los costes de las obras acometidas subsidiariamente en la antigua Corrala Dignidad
3 de diciembre de 2018 EUROPA PRESS

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense ha aprobado reclamar 845 euros a la propiedad de los números 2, 4 y 6 de la calle Fray Isidoro de Sevilla, en el barrio de la Macarena, en concepto de reintegro del coste de "la ejecución subsidiaria de las obras de seguridad inminentes ordenadas" en tales edificios, los cuales fueron el escenario del episodio de ocupación bautizado como Corrala Dignidad hasta ser desalojados los inmuebles el pasado verano.

En concreto, y según la documentación recogida por Europa Press, la Gerencia de Urbanismo ha aprobado recientemente reclamar a los titulares de estas edificaciones de viviendas "el reintegro de la cantidad correspondiente por el coste de la ejecución subsidiaria de las obras de seguridad inminentes ordenadas en las fincas", en concreto 845 euros.

Previamente, por cierto, la Gerencia había aprobado una "licencia de obras de parcelación consistente en la agregación de tres parcelas", para estos tres edificios de viviendas de la calle Fray Isidoro de Sevilla que pertenecerían a una sociedad relacionada con la marquesa de Lebrija, según detallaba en su momento el colectivo de ocupas que habitaba los pisos.

A la hora de defenderse ante los tribunales, los activistas de la autodenominada como Corrala Dignidad esgrimían la "situación de exclusión social y emergencia sanitaria" de las personas sin hogar alojadas por el colectivo en las viviendas ocupadas, así como el "abandono acreditado" de las viviendas, que llevaban "al menos cuatro o cinco años deshabitadas" y sin atención por parte de la propiedad.

Los tres edificios, no obstante, fueron desalojados el pasado 19 de julio por un fuerte dispositivo policial y de recursos municipales, cuando un total de 18 personas estaban dentro de las viviendas. Para ello, las autoridades esgrimían las deficiencias estructurales y de salubridad de los inmuebles, extremo agravado por la desaparición de los apuntalamientos instalados en 2006 en el edificio correspondiente al número cuatro.

En cualquier caso, el desalojo fue consumado el pasado 19 de julio, después de que el día 3 de dicho mes fuese solicitada la licencia de obras de parcelación recientemente autorizada por la Gerencia de Urbanismo.

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