SANTIAGO/BRUSELAS, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, ha insistido hoy en su negativa a mantener las actuales ayudas al desguace más allá de 2013, pese a la defensa de estos apoyos que han realizado varios de los principales países pesqueros de la UE, entre ellos España, Francia e Irlanda.
En un debate público con los 27 ministros de Pesca de la UE, Damanaki ha advertido de que "los recursos son limitados" y que su intención es primar otras medidas necesarias para el sector antes que unos apoyos para la modernización y el desguace de buques que han demostrado ser un fracaso en el intento de recortar el exceso de capacidad de la flota europea.
Es necesario encontrar una manera de impulsar el crecimiento y el empleo en la industria pesquera de la Unión Europea y "en el pasado, con el desguace, esto no ha sucedido", ha reprochado la comisaria a los gobiernos que insisten en defender estos apoyos.
A juicio de Damanaki, el nuevo fondo de 6.500 millones de euros para el periodo 2014-2020 deberá centrarse en otro tipo de acciones para favorecer la adaptación de la flota a la nueva política pesquera y que deberán orientarse hacia, por ejemplo, el desarrollo de artes más selectivas, la mejora del papel de las organizaciones productoras y el incentivar la acuicultura.
La comisaria ha criticado también que los subsidios para la modernización han tenido como consecuencia la incorporación de buques con motores más potentes a la flota comunitaria, con lo que se ha ido en contra del objetivo principal de corregir el exceso de pesca sobre muchas especies.
En este sentido, Damanaki ha dado un toque de atención a los Estados miembros que, como España, argumentan que las medidas para la modernización y el desguace sí han tenido el efecto buscado, y les ha emplazado a entregar de aquí a finales de año informes detallados que acrediten el supuesto éxito.
El ministro español, Miguel Arias Cañete, ha dicho en rueda de prensa que el Gobierno trabaja para reunir toda la información y entregar a tiempo a Bruselas unos informes que ya están "en proceso de elaboración".
Horas antes, durante el debate a 27, Arias Cañete aseguró a la comisaria que en España las ayudas han logrado reducir la capacidad de la flota en un "48 por ciento en términos de potencia y en un 31 por ciento en términos de tonelaje bruto desde 2000, gracias a los apoyos comunitarios".
El titular español ha defendido ante sus colegas europeos la necesidad de mantener en concreto las ayudas para las paradas temporales o definitivas y, en caso de avanzar hacia su eliminación, que se haga de manera progresiva "durante un largo periodo de tiempo" que permita a los buques adaptarse.
A esta petición, apoyada por Francia, Italia e Irlanda, la comisaria ha dicho que el gasto de pesca para los años 2012 y 2013 aún permite estas ayudas, por lo que ha considerado que esos dos años son un periodo suficiente de transición.
Preguntado por esta respuesta, Arias Cañete no la ha dado por buena y ha apuntado que existe una "posibilidad teórica" de asignar más fondos al desguace y la modernización en los dos próximos años, pero que no se traduce en la práctica en el caso de España porque ha habido "mucha demanda" de parte de las comunidades autónomas y las ayudas posibles están "agotadas".
Los ministros de Pesca europeos han tratado este lunes otros aspectos de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que deben negociar en el próximo año y medio y España ha defendido entre sus prioridades para la negociación permitir flexibilidad para algunos de los objetivos que persigue Bruselas, como alcanzar el rendimiento máximo sostenible para 2015 o suprimir los descartes en todas las pesquerías.
Sobre este último punto, la comisaria Damanaki ha recogido las preocupaciones de un gran número de países y ha accedido a estudiar "soluciones a medida" pesquería por pesquería, para adaptar la lucha contra los descartes --pesca accesoria que es devuelta al mar por su escaso valor comercial-- a la realidad de las distintas pesquerías.
También han abordado la preocupación por pesca de la caballa en el Atlántico nororiental por parte de Islandia e Islas Feroe, países que se han asignado de manera unilateral cerca del 50 por ciento de la cuota total que recomiendan los científicos para asegurar la sostenibilidad de la especie, pese a ser una zona de gestión conjunta con la Unión Europea. España se ha unido a otros países para reclamar sanciones comerciales contra estos dos países si persisten en no reducir sus capturas.
