SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
Después de que el Congreso de los Diputados haya convalidó este jueves el Real Decreto Ley que permite regular y limitar las autorizaciones a los vehículos de transporte concertado (VTC) con los que operan las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber y Cabify, con la posibilidad de que acometan tal extremo las comunidades autónomas y los municipios y sin que tal medida haya contentado al sector nacional del taxi, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha dicho que el Consistorio prevé acometer "los ajustes normativos" necesarios para garantizar "una competencia leal".
Según el concejal socialista, el decreto convalidado por el Congreso sin contentar plenamente ni a los taxistas ni al sector de los VTC supone "un importante avance, porque establece un nuevo marco de regulación para las licencias de VTC en las ciudades y abre la posibilidad a la adopción de medidas por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos".
"El Ayuntamiento de Sevilla ha sido y será contundente en la aplicación de la normativa que protejan a un sector de transporte público, que genera empleo y que presta un servicio de enorme importancia a la ciudad como es el taxi. Ahora, en cuanto se formalice tomará las medidas oportunas de acuerdo con el decreto", explica Cabrera, toda vez que Sevilla afronta este viernes un paro de taxistas en demanda de más controles sobre los VTC tras el reciente desembarco de Uber en la ciudad.
"El Ayuntamiento siempre ha amparado y defiende una competencia leal y equilibrada, desde el respeto a la ordenanza y a la normativa, y con un control cada vez mayor de aquellos incumplimientos que se puedan producir por parte de las VTC o de los taxis", insiste el concejal, asegurando que iniciará "los trabajos previos para que en cuanto entre en vigor el decreto, se puedan realizar los ajustes normativas y tomar las medidas necesarias que garanticen una competencia leal".
"Tenemos que seguir avanzando juntos y de la mano el sector del taxi y el Ayuntamiento para afrontar los problemas de competencia desleal, garantizar el cumplimiento de la normativa, proteger el empleo y defender el servicio público que supone el taxi. Para ello hay que trabajar en medidas legales y también en otras iniciativas que supongan un impulso y un incremento del uso de los taxis en la ciudad", concluye Cabrera.
