Junta y sindicatos promueven un "frente común" y el comité denuncia un "intento de compra de voluntades" desde gabinetes jurídicos
SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, llevará mañana a su reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el problema del cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz), que pasa, según el consejero de Empleo, Antonio Fernández por "el mantenimiento de la actividad y del empleo en la factoría".
Este compromiso fue expresado durante la reunión que Chaves mantuvo con representantes de los trabajadores de la factoría gaditana, solicitada el pasado viernes con carácter de urgencia por UGT-A y CC.OO.-A y donde también estuvieron presentes los secretarios generales de ambos sindicatos, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente, así como el consejero de Empleo, Antonio Fernández.
El consejero de Empleo, quien destacó que este asunto "es de prioridad política" para la Junta y reconoció que no hay plazos para el cierre, indicó que Chaves añadirá el problema de Delphi a los asuntos que se aborden mañana con el presidente del Gobierno, relacionados con el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.
En ese sentido, el secretario general de CC.OO.-A, Francisco Carbonero, consideró que este problema "debe ser abordado como una razón de Estado para Andalucía", mientras que Pastrana reiteró el hecho de que "no contemplamos ningún otro escenario que no sea el mantenimiento del empleo y de la actividad de la planta".
Fernández explicó, tras más de una hora de reunión, que el primer paso que tendrá que dar la Junta, con ayuda del Estado y de la UE será la búsqueda de un interlocutor en Delphi con el que poder hablar y negociar, puesto que "se trata de una empresa multinacional y difuminada, presente en mas de 39 países y con 180.000 trabajadores, que ha tenido una situación de quiebra y cuya matriz no tiene representante con capacidad de decisión en España".
Añadió que los representantes jurídicos y legales de Delphi en España "no son interlocutores habilitados para entablar una negociación en materia laboral y con las premisas que hemos dado".
El consejero, que se mostró confiado en que "este conflicto tendrá solución, como lo tuvieron otros anteriores", recordó asimismo el requerimiento notarial efectuado esta mañana, donde se recuerda a la empresa la obligación de cumplir con la legislación vigente en España, así como que el incumplimiento de la normativa vigente puede suponer un delito recogido en el Código Penal.
"Vamos a trabajar con el Estado y con la UE para que se mantenga la actividad", indicó el consejero, quien explicó que, una vez remitido dicho requerimiento, la Junta esperará a una respuesta de la empresa y acudiría a los juzgados en el caso de que sigan incumpliendo la legislación.
"FRENTE COMÚN"
El consejero además anunció la creación de un "frente común" de carácter institucional y sindical, con foros a nivel regional, coordinado por la Consejería de Empleo y que contará con la colaboración de las carteras de Presidencia, Economía y Hacienda, Innovación, Ciencia y Empresa, además de los sindicatos; y también a nivel provincial, coordinado por la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, y en cuyas reuniones estarán presentes todas las instituciones gaditanas, el comité de empresa y todos los sindicatos presentes en el comité, incluidos USO y CGT.
Por su parte, el presidente del comité de empresa Antonio Pina, quien mostró su satisfacción por que el presidente de la Junta "haga suyo el problema y el drama que están padeciendo 4.000 familias, incluida los trabajadores de la industria auxiliar", lamentó que ciertos gabinetes jurídicos y responsables de la factoría "han intentado comprar voluntades de los trabajadores para facilitar el cierre de la fábrica".
PETICION A LOS PARTIDOS
Tanto el consejero, los secretarios generales de UGT-A y CC.OO-.A y el propio presidente del comité de empresa, reconocieron que se trata de "un proceso largo difícil y complejo", por lo que pidieron responsabilidad a todos los partidos políticos y que ninguno "haga un uso partidista de la situación".
"Es necesaria la suma de todas las fuerzas políticas y el respaldo unánime de los partidos en este conflicto y esperamos que no se pretenda instrumentalizar por parte de los partidos las posiciones de nadie; deben estar a la altura de las circunstancias", agregó Manuel Pastrana, para el que "intentar pescar en esta pecera sólo dificultará el avance en el proceso".
Pastrana, para el que "la situación es de cierta gravedad y será un proceso de largo recorrido", consideró que los instrumentos jurídicos de la Junta "deben estar preparados para adoptar las decisiones correspondientes en materia legal en función de los pasos que dé la empresa".
Por su parte, Francisco Carbonero quien destacó la "prontitud" en la reacción de la Junta, consideró que "debe existir un compromiso de los partidos y de la sociedad para defender no solo los puestos de trabajo directos sino el impacto en el tejido productivo de Andalucía y de la actividad económica de Andalucía".
Carbonero destacó la "responsabilidad, prudencia y celeridad de los trabajadores de Delphi, frente a la irresponsabilidad social que ha mostrado la empresa".
De esta forma, destacó el hecho de que los miembros del comité de empresa "han sido capaces de dilucidar y situar por encima del drama que puede suponer para su familia la incertidumbre de futuro de miles de gaditanos; han sido capaces de no liarse la manta a la cabeza y que lo importante es seguir produciendo y seguir mimando a los proveedores y compradores del producto".
Para Carbonero "es necesario trazar la hoja de ruta adecuada para mantener el empleo y para ello hay que ser pacientes".
