SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las familias del clan de los 'Caracoleños', --exiliado del Polígono Sur entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana--, insistieron hoy en que no se irán del barrio "si no nos ofrecen otras viviendas y una escolarización segura para los niños", toda vez que el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha dispuesto para cada una de las familias un plazo de diez días para el desalojo voluntario de los pisos públicos que adquirieron a partir de 2004 en la zona y a los que regresaron el 31 de julio de 2009.
Una de las portavoces del colectivo de familias, Ani, dijo a Europa Press que tras concluir las comparecencias convocadas por la citada instancia judicial, "por ahora está todo parado", ya que el letrado que representa los intereses de este colectivo, José Estanislao López, ha recurrido todos los plazos de desalojo voluntario dictados por el juzgado "y ahora toca esperar" porque, según apuntó, "el abogado nos ha dicho que seguramente hasta septiembre no pase nada".
"Nosotros no nos queremos ir" incidió, pues la decisión del juzgado les ha sentado "malamente, porque son nuestras viviendas". Además, y en cuanto a la ocupación ilegal que les atribuye el juzgado por carecer de documentación que les vincule a estas viviendas de titularidad pública, esta portavoz del colectivo advirtió de que en la barriada, "nadie tiene papeles; puedes ir piso por piso y nadie los tiene". Así, explicó que "lo único que tienen algunos son el agua o la luz --contratada-- y unos pocos algún contrato, pero aquí nadie tiene escritura".
Esta portavoz, así, resaltó la intención del colectivo de familias de conservar estas viviendas, pero "si no quieren que estemos en esta barriada, que nos den otra vivienda o una escolarización segura para los niños". En este sentido, detalló que han presentado documentación para certificar que los menores van al colegio "y no han faltado ningún día". "Si de aquí a septiembre no hay ninguna resolución, los niños irán a sus colegios" destacó antes de recalcar que "de aquí no nos vamos a mover, aunque tengamos que pelear en la calles hasta que nos den una solución".
DEL POBLADO DE LOS BERMEJALES A LAS ÓRDENES DE DESALOJO
Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se auto exiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias
De la mencionada investigación administrativa, cabe recordarlo, se desprende que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con resolución positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.
