SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Después de que la Policía Local de Bollullos de la Mitación (Sevilla) desalojase las plataformas con las que cuenta la empresa de teleservicios Konecta en la localidad por incumplir los protocolos preventivos contra el coronavirus Covid-19, y que la compañía plantease un expediente de regulación de empleo (ERTE) para 495 empleados de su centro principal de la Carretera Prado de la Torre, CCOO ha criticado las "tretas administrativas" de la empresa para "sortear" el control de la Junta sobre dicho ERTE.
Sobre el asunto, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, había manifestado ya a Europa Press de que ante las razones de "fuerza mayor" esgrimidas por la empresa para el ERTE y las alegaciones promovidas en contra por su organización sindical, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo había requerido a Konecta "documentación justificativa" sobre el procedimiento.
Según CCOO, no procedía un ERTE por razones de "fuerza mayor" como las manifestadas por la empresa, porque la misma podía implementar las medidas de prevención frente al coronavirus Covid-19 o apostar por el teletrabajo, como finalmente habría hecho con la mayoría de su plantilla.
Igualmente, el sindicato detallaba que Konecta ha promovido un segundo ERTE para 21 trabajadores de su centro de trabajo del parque tecnológico de la Cartuja, en la capital andaluza, desplazados eventualmente a las instalaciones de la empresa ubicadas en el parque empresarial y comercial Vega del Rey de Camas, en el marco de la reorganización acometida por la multinacional por la incidencia del coronavirus Covid-19.
En ese sentido, CCOO ha avisado de que "Konecta ha utilizado los dos ERTE con ánimo de confusión y así burlar la labor de control y vigilancia ante posibles expedientes fraudulentos, colando la suspensión de más de 400 trabajadores de esa planta y aprovechando los estrechos plazos de silencio positivo que establece el actual marco normativo", según la responsable de la Agrupación de Servicios Técnicos del sindicato, Claudia Caus.
Así, ha anunciado "acciones administrativas y judiciales en defensa de la plantilla", cuya suspensión de contratos, en opinión del sindicato, "no tiene soporte legal", y reclamará la investigación de cualquier indicio de fraude a las arcas públicas por parte de la empresa. Además, ha exigido a la Junta que aporte transparencia a la gestión de las "decenas de miles" de ERTE sobre los que tiene la responsabilidad de controlar y vigilar.
Por último, el sindicato ha reiterado la necesidad de que la Junta ofrezca participación e información a los agentes sociales en el seguimiento de esos expedientes de regulación como sucede en la mayor parte de las comunidades autónomas, añade el comunicado.
