Acusa a los ayuntamientos y la Diputación de "omitir" las prácticas laborales abusivas que "sistemáticamente" ocurren en el campo
SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La unión provincial de CCOO de Sevilla ha vuelto a denunciar este viernes, en rueda de prensa, la situación de "explotación generalizada y sistemática" que sufre el campo sevillano.
En particular, la secretaria general del Sindicato Provincial Agroalimentario de CCOO de Sevilla, Mónica Vega, ha precisado que "una llamada anónima, desde un número oculto, de una señora que no se quería identificar y a la que el miedo se la comía" la alertó sobre una posible situación de explotación laboral. CCOO puso el caso en conocimiento de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, que abrieron diligencias tanto administrativas como penales.
Lo que Vega ha desvelado es que, "alrededor de 50 mujeres" estaban "trabajando en dos naves industriales haciendo aderezo de aceitunas en Arahal, sin estar dadas de alta, cobrando lo que quisieran pagarle" y, en el caso de que pasara por allí alguien "raro, llámese de la Inspección de Trabajo, las hacían callarse y esconderse en contenedores de una fábrica abandonada de al lado". Además, según la sindicalista, "cuando sale el encargado cierran la puerta por fuera para que no puedan abrir si llama alguien". Vega ha resaltado que la "nave es de tipo industrial y no está acondicionada ni tiene medidas contra riesgos laborales ni tiene nada para considerarse centro de trabajo".
Según la secretaria general del sindicato provincial Agroalimentario de CCOO de Sevilla, a las mujeres les pagan "poco más que peonadas del campo, a pesar de que estamos hablando de una nave industrial acogida al régimen general".
Mónica Vega advierte de que "sería la tercera vez que denunciamos un presunto delito contra el derecho de los trabajadores. En las dos veces pasados acertamos y creemos que va a volver a pasar". Para la sindicalista, "esto ya es esclavitud. Las condiciones son infrahumanas". Según Mónica Vega, "nosotros, como CCOO, no nos vamos a cansar de denunciar".
Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Política Sectorial de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha destacado la importancia en la provincia de Sevilla del sector agrícola, que cuenta con 130.000 trabajadores y trabajadoras. Para Aristu, este sector es "básico para la provincia de Sevilla, no solo por el nivel de empleo que genera, sino porque debería generar un valor añadido que creara riqueza". Pero, para el sindicalista, "lo que está pasando es que la tierra sevillana y andaluza está siendo víctima de una explotación generalizada y sistemática". "La riqueza se va para unos pocos piratas que ni siquiera son de nuestra provincia", ha sentenciado.
Aristu ha asegurado que "todas las denuncias que CCOO de Sevilla ha interpuesto a la Guardia Civil han terminado, en el 100% de los casos, con levantamiento de actas de infracción y encausamiento penal por delito a los derechos de los trabajadores".
Según Aristu, lo que hace "CCOO no viene sino a reflejar lo que todo el mundo en los pueblos de nuestra provincia sabe y es que en el campo sevillano hay una delincuencia organizada que se ha instalado para explotar a trabajadores y trabajadoras".
Para el sindicalista hay más responsables, además de los empresarios "piratas", ya que "los responsables políticos y las administraciones son también responsables por conocimiento y omisión: desde los alcaldes y alcaldesas que conocen lo que pasa, hasta la Diputación que no ha convocado ni una sola vez a los alcaldes y alcaldesas de esta provincia para por lo menos analizar qué se puede hacer; hasta la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, que tienen competencia directa en esta materia y la capacidad de cambiar normativa".
Por ello, según Aristu, "vamos a registrar a cada una de estas administraciones informes de lo que pasa, de lo que venimos denunciando, del resultado de estas denuncias" y que "cuando pase alguna desgracia, que siempre estamos en el filo de la navaja de que haya muertos, heridos o reyertas; CCOO va a ser quien primero se persone jurídica y penalmente, no solo contra los delincuentes responsables directos, sino contra las responsables políticos y administrativos que no hacen nada ni han hecho nada, a pesar de ser conscientes de lo que pasa".
Aristu ha sentenciado que "lo que pasa en el campo sevillano es de escenas de películas que parecen de países muy lejanos y lo tenemos aquí ya: mafias instaladas, trabajadores víctimas de explotación que reflejan situaciones de esclavitud y responsables políticos y administrativos que no hacen nada y miran para otro lado".
Por su parte, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Andalucía, Antonio Perianes, ha destacado "la omisión del deber de las instituciones políticas" ya que, a su juicio, "esta situación tiene arreglo y no se quiere arreglar". Según Perianes, esta actitud por parte de las administraciones obedece a los "lobbies de presión de las patronales".
El problema fundamental, según Perianes, "es que la normativa es pasiva". Este hecho crea situaciones, según Perianes, de "economía irregular", en la que "una parte del proceso es visible y otra oculta". Por esta visibilidad, según Perianes, "no se puede escudar nadie en que no saber qué está pasando".
Con la norma actual, según ha explicado el sindicalista, "permiten jugar a los empresarios con la retroactividad" para tramitar las altas en la seguridad social. De esta manera, se aumentan las dificultades a las inspecciones y se ofrece un gran margen para la economía irregular. Según los ejemplos puestos por Antonio Perianes, en Almería esta economía irregular asciende al 52% y en el olivar de Jaén "se repite cada año el 47%".
