Foto: EUROPA PRESS
av2" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha pedido a la Junta que no aumente la carga impositiva de cara a los próximos presupuestos de 2015 "y si es posible, que la baje", tras lo que, por otro lado, ha lamentado que los empresarios "se sientan que están bajo sospecha" en su relación con la Agencia Tributaria estatal, al haber aumentado el número de inspecciones sobre el colectivo.
González de Lara ha presentado junto al presidente del Consejo Empresarial de Economía, Financiación y Fiscalidad de Pymes de la CEA, Manuel Ángel Martín López, el informe que ha promovido y realizado la Confederación sobre la reforma fiscal, y que se titula 'Consideraciones y prioridades empresariales en relación con la reforma fiscal'. Este documento ha sido elaborado por el grupo de trabajo de la CEA sobre fiscalidad, constituido en el seno del citado consejo empresarial.
El documento consta de seis capítulos, esto es, introducción, la perspectiva empresarial, prioridades empresariales en materia de reforma fiscal, la propuesta del Gobierno para la reforma fiscal, consideraciones y propuestas empresariales y, por último, las conclusiones. En los trabajos de desarrollo de este informe han participado representantes empresariales así como expertos de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide, todos miembros del Consejo Empresarial de Economía, Financiación y Fiscalidad de Pymes de la Confederación.
Durante la presentación, González de Lara y Manuel Ángel Martín ven necesario que de cara a los próximos presupuestos de la Junta "no se aumente la carga impositiva, y, si es posible, bajarla" y "no crear, por ejemplo, impuestos especiales sobre la riqueza. "Escuchamos todos los días ideas peculiares", ha aseverado Martín, quien aboga por la contención en los impuestos especiales y la homogeneización con las otras comunidades autónomas de Andalucía en el tramo autonómico del IRPF.
"Pedimos a la Junta que se adhiera a lo que se está haciendo en otros sitios en la imposición directa e indirecta", ha aseverado Martín, quien indica que los empresarios pretenden que "no se aumente y nos quedemos como estamos pero que se mejore lo relacionado con el trámite, con equilibrar el Impuesto de Sucesiones el Patrimonio con otras autonomías para evitar deslocalizaciones de individuos y empresas; esos dos impuestos se deben poner al nivel de otros sitios para evitar una emigración y pedimos que nos pongamos al nivel de los demás".
Martín considera que en materia de gasto "se pueden hacer muchas cosas", citando, por ejemplo, la administración paralela, tras lo que ha abogado por "mantener el equilibrio fiscal, y una forma es apretarse el cinturón con los gastos". "Mantenemos la teoría de la neutralidad fiscal, que no se incremente se garantice la seguridad jurídica, la estabilidad normativa, la unidad de mercado y la mejora de las relaciones entre Agencia Tributaria y la empresa, que no existe".
En ese sentido, el presidente de la CEA lamenta que "las empresas muchas veces se siente que están bajo sospecha en su relación con la Agencia Tributaria, y si no existe buena relación entre la Administración Tributaria y la empresa, algo fallará".
Asimismo, ha demandado "coherencia y coordinación entre los sistemas tributarios, pues existe un sistema nacional, 17 autonómicos y 8.000 municipios, por lo que es muy complicado que ciudadanos y empresarios puedan ajustarse a esa heterogeneidad".
El presidente de la CEA ha recordado que "una de las grandes trabas para el desarrollo de las empresas sigue siendo la elevada presión fiscal que tenemos", por lo que considera que la reforma fiscal del Gobierno "debe abordar una disminución de la presión, corregir la heterogeneidad, dispersión y atomización fiscal para lograr una verdadera unidad de mercado".
González de Lara considera que la reforma fiscal "va en la buena dirección pero quedan por determinar muchas cuestiones, entre ellas el desarrollo normativo sobre el modelo de financiación autonómica, la reforma en el tramo autonómico de IRPF o evitar aumentar la dispersión de cargas fiscales entre los territorios".
El presidente de la CEA ha advertido de que "hay un enorme riesgo de fractura de unidad de mercado derivada de la aplicación descoordinada de la imposición que se cede a las comunidades" y ha recordado que se ha quedado fuera de la reforma fiscal del Gobierno lo relacionado con la reducción de costes laborales derivados de cotizaciones sociales, definidas como "un impuesto sobre el empleo; se sigue sin asumir con valentía la reducción de cotizaciones sociales e incluso han aumentado".
Asimismo, ha alertado de la "elevada litigiosidad" del sistema y pide simplificar la relación entre la Administración Tributaria y la empresa, toda vez que "el empresario está siempre y permanentemente bajo sospecha ante la Agencia Tributaria, cuando hay que mantener una relación más fluida, pues no somos solo colaboradores sino sostenedores de un modelo y el empresario no puede estar sometido permanentemente a una sospecha de incumplimiento, pero está sometido a una revisión, una inspección y a una litigiosidad muy elevada".
El presidente de la CEA pide que el Gobierno "sea valiente para defender con más contundencia el principio de seguridad jurídica para el desarrollo de actividad, que haya vocación de permanencia, que tengamos reglas del juego definidas, y haya procedimientos para resolver conflictos entre las empresas y la administración tributaria; queremos que no se rompa la unidad de mercado, que muchas veces está en riesgo por la dispersión fiscal y tributaria, como el tramo autonómico del IRPF o Sucesiones".
REFORMA "MÁS AUDAZ"
Manuel Ángel Martín considera que la reforma fiscal del Gobierno "debería haber sido más audaz, ahorrarse el tiempo hasta 2015 y adelantar su aplicación" y ha demandado "una armonización inteligente, homogeneizar criterios interpretativos, avanzar en la simplificación y agilización administrativa, y conseguir que fomente la competitividad empresarial y atraer inversores y talento"
Martín ha recordado que en la reforma "queda pendiente el consenso político que garantice estabilidad en la normativa y la derivada autonómica de la propia propuesta", ha insistido, citando las conclusiones, en la necesidad de "abordar las fisuras en la unidad de mercado nacional, que derivan de la fiscalidad autonómica y la falta de coordinación entre administraciones".
También pide "actuar sobre las cotizaciones sociales; garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa, mejorar las relaciones entre administración tributaria y empresa, homogeneizar criterios interpretativos, y avanzar en simplificación y agilización administrativa", así como "una actuación más efectiva y proactiva por hacer emerger capacidades económicas no declaradas, frente al mero control de lo ya declarado".
El informe demanda "despejar las dudas sobre el equilibrio de las finanzas públicas españolas, actuando de forma inteligente tanto sobre los ingresos, como, en especial, por la vertiente de los gastos públicos".
Finalmente, en referencia a la comunidad autónoma de Andalucía, el informe considera que "urge evitar las fugas de talento e inversión hacia otros territorios autonómicos que responden a consideraciones de índole fiscal, en particular por sobreesfuerzos exigidos en impuestos estatales cedidos a las comunidades autónomas", de manera que considera que Andalucía "debería desarrollar una política fiscal propia que, armonizada con el territorio nacional y a través del estímulo de la actividad productiva, dinamice y favorezca la creación de empleo y de riqueza, así como la atracción de inversiones extranjeras hacia la Comunidad".
