SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de personas se han encerrado en la sede en Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) para apoyar y reclamar el indulto para Carlos y Carmen, el estudiante de Medicina y la mujer en paro que han sido condenados a tres años y un día de cárcel y a pagar una multa de 2.880 euros, más las costas del proceso y una indemnización de 767 euros, por su actuación durante un piquete informativo en Granada en la huelga general del 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del Gobierno.
Según han informado a Europa Press un portavoz del Grupo de Apoyo de Sevilla Carlos y Carmen, a las 22,00 horas han iniciado un encierro en la sede de la APDH-A. Posteriormente, el centenar de personas que pasarán la noche celebrarán una asamblea para debatir sobre la situación de Carlos y Carmen, un ejemplo de los "muchos casos que hay".
"En 2013, en España hubo más de 1.100 personas con sanciones administrativas y multas de hasta 6.000 relacionadas con los derechos de manifestación y reunión", ha añadido, al tiempo que ha indicado que "doscientas personas están a la espera de juicio por participación en piquetes".
En definitiva, el encierro se enmarca en la lucha contra "la criminalización de las protestas sociales". Además, solicitan que se conceda el indulto a Carlos y Carmen y que mientras se decide si se le otorga o no pues que no entren en prisión.
A juicio del Grupo de Apoyo de Sevilla, la pena de Carmen y Carlos es "desproporcionada". Del mismo modo, en la asamblea se tratará la propuesta de creación de una comisión por las libertades, idea planteada ya al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Además, han señalado que ya se han puesto en contacto con representantes de Podemos para que luchen en esta línea en Europa.
Los actos de apoyo a Carlos y Carmen concluirán con una concentración a las puertas de la APDH-A este sábado a las 10,00 horas.
Ha sido esta misma semana cuando el Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha ordenado el inmediato ingreso en prisión de Carlos C.N. y María del Carmen B.C., en un auto que inicia el proceso de ejecución de la sentencia y que insta la detención de los dos condenados, lo que es lo "habitual" cuando se trata de una pena que supera los dos años de cárcel y la resolución es firme, según fuentes judiciales.
Los dos procesados han recibido numerosas pruebas de apoyo de distintos partidos y colectivos políticos y sociales. Los últimos han sido los de los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, que han solicitado por carta, una reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para evitar el ingreso en prisión de los condenados.
