Existen 125 empresas extranjeras de Portugal, Italia, Rumanía, Alemania o Suiza, también inscritas y que tienen obras en Andalucía
SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
Cerca de 23.000 empresas andaluzas o que operan en Andalucía y que operan como subcontratistas en el sector de la construcción, en concreto 22.982 empresas, se inscribieron en el Registro de Empresas Contratistas y Subcontratistas de la Construcción de Andalucía (REA), que entró en vigor casi hace un año, a finales de agosto del pasado año, y en el que las empresas del sector deben registrarse como requisito obligatorio para poder desarrollar su trabajo y seguir con su actividad, según contempla la Ley de Subcontratación.
Según datos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, consultados por Europa Press, de estas 22.982 empresas, la mayor parte de ellas se concentran en Sevilla, con 5.022 empresas inscritas, seguida de Málaga, con 3.538; Cádiz, con 3.049 empresas subcontratistas inscritas en el registro; Córdoba, con 2.708; Granada, con 2.818 empresas; y 2.497 en Almería.
Las provincias con menor número de empresas inscritas en el registro son Jaén, con 2.023 empresas; Huelva, con 1.202 empresas subcontratistas.
Las empresas inscritas en todas las provincias andaluzas tienen su sede social tanto en cada una de las capitales como en numerosos municipios de todas las zonas.
Además existen 125 empresas extranjeras, en su mayoría procedentes de Portugal, pero también de Italia, Alemania, Rumanía, Suiza, Republica Checa o Países Bajos, que también están inscritas en el REA y que desarrollan su actividad en Andalucía, especialmente en la provincia de Sevilla, pero también en el resto de provincias.
La Consejería de Empleo ya indicó que aunque el registro entró en vigor en junio de 2008, el 26 de agosto de 2008 se hizo obligatoria la inscripción en este registro para todas las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas en obras realizadas en Andalucía, así como para las que contraten a trabajadores extranjeros.
El registro supondrá que hasta el año 2010 se tengan que convertir en indefinidos a 24.000 trabajadores eventuales, ya que la nueva ley establece un tope mínimo del 30 por ciento de plantilla estable para poder realizar trabajos en el sector.
Además de este requisito, las empresas que aspiren a obtener la acreditación en el registro deberán demostrar que "disponen de una organización productiva propia, cuentan con medios materiales y personales, han formado a sus trabajadores en prevención de riesgos laborales y disponen de un sistema preventivo, lo que evitará intermediarios innecesarios en el sector y subcontrataciones irregulares".
La nueva ley reguladora de esta iniciativa establece una horquilla de entre 6.251 y 187.515 euros de sanción por incumplir el porcentaje de indefinidos; de 2.046 a 40.985 euros por no cumplir con la acreditación en el registro y de 40.986 a 819.780 euros en caso de trabajos con riesgos especiales. Superar los niveles de subcontratación permitidos también será sancionable, con multas de 2.046 a 819.780 euros, según los riesgos de los trabajos.
Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma que ha puesto en marcha este registro obligatorio tanto de forma presencial como telemática. La Junta recordó que tanto la oficina virtual del SAE que permite realizar el trámite por Internet como el registro presencial, que se puede realizar en las ocho delegaciones provinciales de Empleo, están operativos desde el 23 de junio.
La Junta destacó que "sólo otras tres comunidades autónomas --Cataluña, Madrid y La Rioja-- han desarrollado una aplicación informática propia como ha hecho la Consejería de Empleo", que ha invertido 154.000 euros en esta web y ha dotado con diez técnicos específicos la atención para el registro.
Empleo también ha puesto a disposición de los empresarios un servicio 'on line' de atención de consultas, que igualmente pueden realizarse por vía telefónica en el 900 85 12 12, la línea de colaboración ciudadana en materia de prevención de riesgos laborales.
Para poder inscribirse en el registro, que será de acceso público, salvo los datos referentes a la intimidad de las personas, la solicitud debe venir acompañada, entre otros documentos, de escritura de poder notarial de la empresa u otro medio legal de acreditación similar y de acreditación de la organización preventiva adecuada y de la formación necesaria en materia preventiva de sus recursos humanos, en su nivel directivo y productivo.
