22 de octubre de 2019
18 de julio de 2009

Los chabolistas vuelven a la zona de Tablada y estudian albergarse en la Catedral

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las familias de etnia gitana procedentes del desalojo del poblado creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), expulsadas posteriormente del Charco de la Pava, de la carretera de la base de helicópteros de El Copero y ayer de una zona de naranjos de San Juan de Aznalfarache, volvieron de nuevo a la zona de Tablada, pero estudian albergarse en la Catedral de la capital.

Una de las portavoces del grupo de familias chabolistas, Aurora, informó a Europa Press que los miembros del colectivo piensan en la posibilidad de acudir a la Catedral "para refugiarse allí", aunque aseguró que parte de las familias "no están de acuerdo con dicha decisión", a lo que añadió que "no se moverán de la zona de Tablada, hasta que no les echen" efectivos policiales.

En este sentido, el alcalde de San Juan de Aznalfarache, Juan Ramón Troncoso (PSOE), ordenó ayer el desalojo de los chabolistas que se instalaron por segunda vez en este término municipal, concretamente en una zona poblada de naranjos a orillas del río Guadalquivir y cercana a la antigua discoteca 'La Recua', donde intervino un dispositivo formado por la Policía Local y respaldado por efectivos movilizados por la Subdelegación del Gobierno. Así, el desalojo se produjo de manera "pacífica y con obediencia", según afirmó Aurora.

EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO

Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de un menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales declararon como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.

Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.

Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.