OSUNA (SEVILLA), 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Osuna (Sevilla) ha citado en calidad de investigada a la alcaldesa de este municipio sevillano, Rosario Andújar (PSOE), dentro de la causa abierta por una denuncia presentada por dos agentes de la Policía Local contra la primera edil, el delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Juan Antonio Jiménez, y el jefe accidental de la Policía Local, Antonio Navarro, entre otros, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y otros contra la administración pública.
En una providencia, con fecha 21 de enero y a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor, Ignacio Carlos Rubio, acuerda citar a la alcaldesa el próximo 15 de febrero en calidad de investigado. Cuatro días antes, el magistrado ha citado, también en calidad de investigado, al delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento, Juan Antonio Jiménez. Además, con anterioridad, llama a declarar al anterior delegado de Seguridad, Rafael Maraver; y Antonio Navarro, jefe de la Policía Local.
Cabe recordar que en un auto, con fecha de 18 de junio de 2018, el juez señalaba que, tras recibir las actuaciones de investigación de la Fiscalía de Sevilla, los hechos hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Por ello, acordaba incoar diligencias previas y acumular los hechos denunciados ante el Ministerio Público a la causa abierta con anterioridad a raíz de la denuncia de uno de los agentes, José Francisco Rodríguez Brenes, contra el jefe accidental de la Policía Local y la alcaldesa por acoso laboral.
En mayo del pasado año, Brenes y el agente Antonio Manuel Lara Martín, cuya representación ejerce el abogado José Manuel Martín Leal, presentaron una denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, ante la Fiscalía contra los investigados como coautores, colaboradoras y/o encubridoras de delitos de "negociaciones privadas a los funcionarios públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, contra la integridad moral, de encubrimiento, contra los derechos de los trabajadores y de tenencia ilícita de armas".
El principal hecho que denuncian los agentes es la "orden general de no denunciar" que tiene dada la alcaldesa socialista y, en caso de hacerlo, "de no tramitar las denuncias que los agentes impongan, salvo aquellas que ella diga para ganarse el favor de su pueblo", un hecho que, según los denunciantes, puede constituir un presunto delito de prevaricación.
"EL CHIRINGUITO DE ROSARIO"
"Osuna viene siendo conocida como 'El chiringuito de Rosario', por cuanto ya es público y notorio que cualquier multa que imponga la Policía o no es tramitada, es retirada, no se notifica o se deja caducar por voluntad de la alcaldesa, de ahí que tenga el favor y el voto del vecino conocedor de que no va a ser 'molestado' por los agentes", exponen los denunciantes.
Entre las denuncias "no tramitadas, archivadas o rotas", se encuentran casos de obras no permitidas en VPO o actividades empresariales sin licencia.
Esta permisividad, según la denuncia presentada ante la Fiscalía, es "mayor" en cafeterías, bares, pub o discotecas, que en caso de tener licencia, ejercen su actividad de forma distinta a lo que tienen autorizado o excediéndose de las licencias.
Igualmente, denuncian a los principales cargos públicos de la localidad por delitos de corrupción, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. Así, señalan que el municipio cuenta con un sistema de videovigilancia sin autorización. "Andújar solicitó la correspondiente autorización administrativa para la instalación de un sistema de cámaras en lugares públicos y ninguna extrañeza significaría ésta si no fuera porque dichas cámaras ya estaban instaladas y en funcionamiento desde hace años", explican.
"Las imágenes grabadas por estas cámaras han sido usadas en diligencias instruidas por la Policía Local y Guardia Civil, sin que los ficheros que generan estas cámaras figuren dados de alta en la Agencia Protección de Datos". En la denuncia se indica que esta ausencia de autorización ha sido puesta en conocimiento de la Delegación del Gobierno y de la propia Agencia.
Igualmente, se denuncia que la instalación del sistema se adjudicó a una empresa, cuyo administrador es un cuñado del actual delegado de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, Rafael Maraver, también citado a declarar por el juez instructor.
Por entender que puede tratarse de un presunto delito de malversación y/o de negociaciones privados a los cargos públicos, piden la Fiscalía solicitar al Ayuntamiento la copia del expediente administrativo de adjudicación del contrato.
El agente José Francisco Rodríguez Brenes, por su parte, también denuncia a la alcaldesa y al jefe accidental de la Policía Local por acoso laboral, quien se encuentra de baja con "trastorno depresivo mayor".
Otras de las cuestiones recogidas en la denuncia, como un hecho constitutivo de un presunto delito de prevaricación por parte de la alcaldesa y la Jefatura de la Policía Local, es "el total desprecio a la normativa vigente". Andújar en marzo de 2017 dictó un decreto para "anular todas las denuncias formuladas en todas las calles en las que Brenes y sus compañeros denunciaron".
En la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor llama en calidad de investigado a tres agentes de la Policía Local, dos de ellos por su presunta relación con los hechos denunciados.
De otro lado, el juez, dada cuenta las manifestaciones de uno de los denunciantes de que la Guardia Civil de Osuna no quiso prestarle asistencia el día 16 de febrero de 2018, acuerda librar oficio al capitán del Instituto Armado en la localidad para que informe sobre este extremo. Igualmente, pide a la Delegación del Gobierno en Andalucía si el denunciante José Francisco Rodríguez ha presentado alguna denuncia por la colocación de cámaras en la vía pública de Osuna por parte del Ayuntamiento.
A la acusación particular le solicita acreditar que sus clientes están bajo tratamiento psiquiátrico, y a las defensas que presenten
documentación expedientes sancionadores tramitados, los expedientes declarados nulos, las resoluciones de la Inspección de Trabajo y de la Agencia de Protección de Datos, etc.
