Colegios de Enfermería reclaman a la Junta la reposición de los "perjuicios" causados por la normativa de colegiación

Actualizado: martes, 25 marzo 2014 17:36

Exigen que se ejecuten las sentencias del TC que anulan la exención de colegiación para profesionales en el Sistema Sanitario Público

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha acordado interponer, a través de los Colegios provinciales, una reclamación a la Administración Pública Autonómica por los "daños y perjuicios" que les ha ocasionado la normativa andaluza en materia de colegiación. El Tribunal Constitucional (TC) anuló en 2013 mediante dos sentencias el citado marco legal, que posibilitaba la no colegiación de los profesionales que trabajaban en el Sistema Sanitario Público Andaluz. Pese al reconocimiento por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de la "inconstitucionalidad" de su norma y la obligación de acatar las sentencias, "aún siguen sin ejecutarlas".

En el desarrollo del Pleno del CAE, se ha analizado si la reclamación por el impago de cuotas, ante la nulidad de la norma andaluza, habría que realizarla a los profesionales o directamente a la Junta y, tras estudiarlo, los presidentes de los Colegios de Enfermería han coincidido en que los profesionales "no son los culpables de que haya existido una ley inconstitucional, sino que es responsabilidad de la Administración que la aprobó, y es a ella a quien hay que reclamarle que se restituyan los daños y perjuicios causados".

Así, y según un comunicado, los Colegios de Enfermería andaluces se encuentran en la obligación jurídica de exigir a la Administración Autonómica el cumplimiento de las sentencias del TC, como señala la propia Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, que indica que "los poderes públicos están obligados a cumplir lo que el TC resuelva".

De esta forma, los Colegios reclaman que se "subsane el perjuicio" que esta actuación "negligente" le ha causado y le está causando al colectivo enfermero, tal y como se dispone en el artículo 139.3 de la Ley 30/1992 (LRJ-PAC), que señala que las Administraciones Públicas "indemnizarán a los perjudicados por la aplicación de actos legislativos que estos no tengan el deber jurídico de soportar". Además, a juicio del CAE, sería una "irresponsabilidad" que las instituciones colegiales de Enfermería no hicieran valer dicho derecho ante los tribunales.

Asimismo, en dicho comunicado se indica que desde que la Junta de Andalucía permitió por ley la exención de colegiación para aquellos profesionales que trabajaban en exclusiva para el sector público, tanto los Colegios provinciales de Enfermería como el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) han defendido siempre la "inconstitucionalidad" de dicha norma, hasta que, finalmente, el Tribunal Constitucional lo ha corroborado en dos ocasiones.

Como consecuencia de todo este largo proceso judicial y el incumplimiento del fallo del TC por parte de la Administración Autonómica, los Colegios de Enfermería andaluces "han sufrido un daño irreparable, que ha perjudicado el ejercicio pleno de su labor en defensa de la práctica correcta del colectivo enfermero, afectando al mismo tiempo a la seguridad de los pacientes, así como al resto de los profesionales sanitarios".

El presidente del CAE, Florentino Pérez, indica que "se trata pues, de una responsabilidad patrimonial que corresponde únicamente a la Junta de Andalucía y a su Consejería de Salud, que continúan sin respetar" el dictamen de nulidad de la normativa de colegiación andaluza que emitió el Constitucional, acarreando con esta sinrazón graves efectos económicos para el conjunto de nuestra Comunidad".

Por eso, en defensa de los derechos de los usuarios, de los profesionales sanitarios en general y de los propios colegiados en particular, las instituciones colegiales de Enfermería de las ocho provincias exigen a la Administración Pública andaluza que "proceda a la ejecución de las sentencias del TC en materia de colegiación". Asimismo, los colegios reclaman a la Administración que les "reponga de los daños y perjuicios causados por la prolongación de una normativa de colegiación que es inconstitucional".

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