SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los tres acusados por un delito de tráfico de drogas tras ser detenidos en agosto de 2016 por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que les intervino 812 kilos de cocaína procedente de Colombia camuflados en un supuesto cargamento de fruta y ocultos en el interior de cajas de bananas, han reconocido los hechos y han aceptado una pena de seis años de cárcel para uno de ellos y de dos años de prisión para los otros dos, así como una multa de 31 millones de euros para cada uno de los tres encausados.
Durante la celebración del juicio este miércoles en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, el Ministerio Fiscal ha presentado un nuevo escrito de acusación con "sustanciales" modificaciones.
Así, para J.P.R.R., dueño de la empresa de fruta con sede social en Sevilla --usada como tapadera-- y en prisión preventiva desde el 12 de agosto de 2016, solicita ahora una pena de seis de cárcel por un delito de tráfico de cocaína con la atenuante de confesión y adicción a la droga, así como dos multas de 16 y 15 millones de euros.
Por otro lado, la Fiscalía considera a R.R.R. Y R.C.Q., que se encuentran en libertad con cargos, cómplices de un delito contra la salud pública en grado de tentativa pues la droga había sido intervenida antes de que llevaran a cabo la descarga de la mercancía. Por ello, solicita para éstos dos años de prisión y dos multas para cada uno de 16 y 15 millones de euros.
Inicialmente, para cada uno de los tres detenidos en esta operación conjunta, denominada 'Calima', la Fiscalía de Sevilla solicitaba una pena de once de prisión y una multa de mil millones de euros para cada uno, como coautores de un delito contra la salud pública.
Los tres acusados han reconocido los hechos y han aceptado las penas solicitadas ahora por la Fiscalía, tras el acuerdo alcanzado entre las partes antes del inicio de la vista oral, quedando los dos acusados en libertad con cargos citados para este viernes, cuando se les notificará la sentencia del tribunal.
Los procesados supuestamente aparentaban realizar una actividad comercial lícita basada en la importación de fruta desde Sudamérica y para ello contaban con una empresa de frutas, con sede social en Sevilla, que utilizaban como tapadera. La operación fue realizada por funcionarios de las Unidades de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de las Aduanas de Algeciras y Motril (Granada), y por agentes de la Udyco de Algeciras, la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco Central), de la Udyco de Alicante, la Udyco de Málaga, la Udyco de Sevilla y con la colaboración de la Octris francesa y la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos de Ecuador.
En octubre de 2014 el procesado J.P.R.R. fue nombrado administrador único de una empresa, que cambió de nombre y sede social, "dejando de importar y exportar material informático para dedicarse al negocio de la importación de fruta". Para dar apariencia de legalidad a la empresa referida, según el escrito de acusación inicial de la Fiscalía, el procesado realizaba viajes a Colombia, en los que negociaba la importación, "tanto de fruta como de sustancia estupefaciente". El 7 de junio de 2016 se importó un contenedor de banana fresca y lo mismo se realizó siete días más tarde.
"Una vez que consideró --el procesado-- que existía la apariencia de legalidad, recibió desde Colombia dos contenedores, de los que un porteaba banana fresca y el otro, cocaína", expone el Ministerio Público en su escrito, donde indica que "realizó el transporte de ambos contenedores como si de mercancía legal se tratara, pero en esta ocasión la descarga la realizarían personas de su confianza, que tenían conocimiento del contenido de los contenedores, los también procesados R.R.R. y R.C.Q.".
En este sentido, continúa narrando la Fiscalía que, al llegar los transportistas a la nave, situada en un polígono industrial de Sevilla, "R.C.Q. recibió a los transportistas, recepción la mercancía e insto a éstos a que se marcharan". Mientras, él y R.R.R. procedían a buscar los palés concretos en los que se encontraba la cocaína para proceder a su almacenamiento y posterior distribución.
El 5 de agosto agentes de Aduanas "sospecharon" del contenido de uno de los contenedores y, previa autorización por auto de 9 de abril del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras (Cádiz), se procedió a examinar dicho contenido y acordar la entrega vigilada de la sustancia.
Las muestras obtenidas, según la Fiscalía, contenían todas ellas "trazas de cocaína" y, una vez debidamente analizado el total de las sustancias intervenidas, se pudo determinar que el lote almacenado en el contenedor indicado contenía "800 paquetes que, en total, arrojaba un peso neto de 812.815,1 gramos, que debidamente analizado resultó ser cocaína con una pureza del 75,6 por ciento".
En este sentido, la Fiscalía indica que con la sustancia intervenida se hubiera obtenido un beneficio en la venta al por mayor de 37.768.293,12 euros; en venta al por menor de 90.099.334,61 euros; y de haber sido suministrada por dosis, de 170.884.210,17 euros.
