SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas dará luz verde este jueves al dictamen del grupo de trabajo sobre la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz, después de que fuera aprobado el pasado 13 de diciembre en la última reunión que celebró este grupo tras alcanzarse un acuerdo entre PSOE-A e IULV-CA, que no contó con el apoyo del PP-A, que no consideraba "necesario" este ente.
Según ha explicado a Europa Press la portavoz de IULV-CA en el grupo de trabajo, Rosalía Martín, el grupo de trabajo no es ningún "órgano de decisión", por lo que el dictamen tiene que ser aprobado en comisión parlamentaria y, posteriormente, ratificado por el Pleno del Parlamento, siendo éste el procedimiento ordinario.
Como se recordará, PSOE-A e IULV-CA, socios de gobierno, acordaron la creación de un ente público de crédito con ficha bancaria, cuya naturaleza jurídica sea el de una empresa pública con la forma de Sociedad Anónima, con titularidad de la Junta y constituido mediante Ley del Parlamento andaluz.
En el citado dictamen, al que tuvo acceso Europa Press, se apunta que el citado ente deberá evolucionar para convertirse en una "banca pública especializada de apoyo al tejido productivo", con una intervención en la economía de carácter anticíclico y que, en ningún caso, deberá ser un "centro de gasto".
Dicho ente se crea con el objetivo de "propiciar la generación de ahorros en el sistema actual, captar nuevos recursos públicos y privados y producir beneficios mediante sus operaciones". PSOE-A e IULV-CA plantean la puesta en marcha de un sistema financiero "más amplio, eficiente, accesible y diversificado", a disposición de emprendedores autónomos, cooperativas, pymes y demás entidades de economía social.
Según lo expresado por los expertos que han comparecido en el grupo de trabajo, la entidad puede estar "plenamente operativa" en el plazo de un año a contar desde la aprobación de la Ley de creación de la misma por el Parlamento de Andalucía.
Asimismo, ambas formaciones han acordado que este ente público de crédito realice cuantos actos sean necesarios para dar cumplimiento a los requisitos exigidos para la obtención de una ficha bancaria; a la vez que ganar "el prestigio, la madurez, la credibilidad y la experiencia suficientes" para acudir con éxito a la captación de recursos financieros a las distintas instancias que sean posibles como el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Mercado interbancario o el ahorro privado en ciertas condiciones.
El futuro banco público se especializará en facilitar financiación a las pymes andaluzas y especialmente a la economía social, colaborando en las estrategias de impulso a la innovación y al cambio del modelo productivo, por lo que su vocación no es coyuntural frente a la actual crisis sino "estructural" como instrumento público financiero netamente andaluz de apoyo al desarrollo económico y el empleo.
Los criterios básicos de su gestión deben ser la defensa de los recursos que gestione, el mantenimiento de su solvencia y liquidez y la eficiencia especialmente en la recuperación de los créditos y avales concedidos. Toda vez que debe garantizar su sostenibilidad a largo plazo sin ningún tipo de ayudas, tendrá la prohibición expresa de realizar políticas redistributivas o fiscales, así como realizar cualquier tipo de subsidiación de los tipos de interés u otras ayudas.
En caso de existir interés público en el impulso de determinados programas, sectores, actividades o tipología empresarial, será la Administración Pública interesada quien los financie o subsidie.
Entre las competencias y funciones del ente se encuentran proveer de productos y servicios financieros a las pymes andaluzas conforme a los principios de la ética, la transparencia y la sostenibilidad de las actividades que financie; concentrar la gestión de los fondos reembolsables haciéndolos más flexibles y eficientes; o diseñar y gestionar un sistema de compensación de deudas a fin de aminorar las necesidades de liquidez en empresas y administraciones.
FUENTES DE FINANCIACIÓN MIENTRAS NO HAYA FICHA BANCARIA
En relación a las fuentes de financiación, inicialmente y en tanto no disponga de ficha bancaria, serán todas aquellas que legalmente le estén permitidas y especialmente, los Presupuestos de la Junta; los fondos reembolsables disponibles en cada momento; los recursos que actualmente se destinan a otras acciones financieras cuyas funciones asuma el nuevo ente; los recursos financieros que se obtengan mediante convenio y otras fórmulas provenientes de la UE, del Gobierno de la Nación, de instituciones financieras públicas nacionales o internaciones o de otros Fondos o Entidades públicos o privados; y la emisión de títulos en aquellos momentos en que los mercados lo permitan a un coste razonable.
Una vez obtenida la ficha bancaria podrá captar recursos de cualquier mercado financiero nacional o internacional incluyendo el ahorro privado. La gestión del riesgo deberá realizarse fijando criterios rígidos para garantizar la solvencia de la entidad, tales como limitar la concentración de riesgo por operaciones, clientes y sectores; establecimiento de procedimientos de seguimiento de las operaciones y recuperación de los créditos; dar prioridad a las operaciones cuyo riesgo sea compartido con otras entidades; y establecimiento de criterios de independencia, profesionalización y experiencia en el análisis de riesgo.
Asimismo, se dará "estricto cumplimiento" en cada momento a la normativa e instrucciones de los órganos reguladores, y en concreto al Banco de España cuando esté sometido a su jurisdicción, siguiendo las mejores prácticas del sector en materia de provisiones y dotaciones.
LA PRESIDENCIA SERÁ NOMBRADA A PROPUESTA DE LA JUNTA
El ente público deberá establecer mecanismos fiables y eficientes de rendición de cuentas de sus órganos gestores; diseñar un gobierno corporativo que garantice los máximos niveles de independencia y profesionalización de los órganos ejecutivos y una amplia y diversa participación en los órganos de control con representación de los agentes sociales; y establecer un modelo retributivo más consecuente con los fines de la entidad que con la cuantía de sus recursos u operaciones.
En lo que se refiere a las bases de su estructura orgánica y reglamento de funcionamiento, la presidencia de la entidad será nombrada a propuesta del Consejo de Gobierno de la Junta, la comisión de control será ocupada por personas de reconocido prestigio nombradas a propuesta del Parlamento de Andalucía, actuando como órgano de evaluación y control de la gestión, y se aprobará un "estricto" código ético.
En relación a su tamaño, el despliegue físico de oficinas en el territorio debe ser el "mínimo imprescindible", estableciendo cauces de colaboración con otras instituciones públicas y privadas para conseguir el máximo nivel de capilaridad. Además, la entidad impulsará instrumentos de cooperación con otras entidades financieras tanto públicas como privadas que mejoren el acceso de las Pymes a los recursos financieros.
