UTRERA (SEVILLA), 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los concejales del PP de Utrera Francisca Fuentes y Wenceslao Carmona, imputados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Utrera, por un presunto delito de prevaricación administrativa cometido al negarse supuestamente a firmar una multa a una empresa por usurpación de una parcela municipal, han considerado "absurdo" dimitir, explicando Francisca Fuentes que al comprobar que la sanción se elevaba a un millón de euros sospechó que la misma podía contener "un error" en la cuantía y devolvió el expediente para averiguar si su contenido era "correcto" o no.
Wenceslao Carmona y su compañera de filas, según han informado a Europa Pres fuentes del caso, prestaron declaración como imputados este pasado miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Utrera, merced a una querella de la Fiscalía de Dos Hermanas, por la supuesta negativa de los concejales del PP, a la hora de ostentar las competencias de Urbanismo, a firmar una sanción urbanística de más de un millón de euros contra una empresa por la supuesta usurpación de una parcela de titularidad municipal. El asunto, por cierto, fue elevados a la Fiscalía por el Grupo municipal socialista.
El caso es que tras su comparecencia judicial, celebraron una rueda de prensa en la que han explicado que el asunto se remonta al año 2001 y deriva del compromiso "verbal" del entonces concejal por el PSOE Francisco Moreno, para entregar o "ceder" a un ciudadano una parcela municipal cuyo uso había reclamado este último, con lo que avisan de que todo parte de una presunta mala praxis del PSOE. "El PSOE actuó al estilo compadre", han criticado.
A partir de ahí, han explicado que la propuesta de sanción derivada del expediente sancionador incoado años atrás por la usurpación de estos suelos municipales llegó a manos de Francisca Fuentes inmediatamente después de que ésta asumiese eventualmente las competencias de Urbanismo, pues Wencesalo Carmona acababa de sufrir un accidente doméstico y se había dado de baja.
"Al comenzar a ejercer en Urbanismo, recibí la sanción a una persona física, a un ciudadano, y me parece que una sanción de un millón de euros a una persona física no existe y entendí que podía haber un error numérico, con lo que devolví (el expediente) para consultar la cantidad y asegurarme de que era correcta". "Soy licenciada en derecho y me parecía extraño", ha enfatizado.
Wencesalo Carmona, además, ha explicado que la propuesta de sanción habría sido elevada a la figura del concejal de Urbanismo sin que los servicios jurídicos del Ayuntamiento hubiesen aclarado "si el expediente había caducado o no", pues en el marco de la instrucción del expediente sancionador el afectado habría alegado que los hechos habían prescrito. "No he cometido ninguna ilegalidad", dice así Francisca Fuentes, toda vez que ambos consideran "absurdo" dimitir y critican que el PSOE haya instrumentalizado el caso pese a derivar de una incidencia de su gestión anterior.
