SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados del Prado de San Sebastián acogen este viernes el juicio a 17 personas acusadas de una falta por desórdenes públicos después de que el día 27 de diciembre de 2017 accedieran al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, cuando se debatía una moción sobre la política municipal de vivienda, y profirieran lemas y mostraran carteles con consignas por el "derecho a techo", siendo posteriormente expulsados por la Policía Local e identificados.
Ante ello, el colectivo de apoyo a estas personas de la Macarena ha convocado una concentración a las puertas del juzgado, a las 11,30 horas, para alertar del "retroceso en las libertades que supone blindar los plenos municipales" y de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley Mordaza". También cuenta con el apoyo de entidades como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) o formaciones como Adelante Sevilla.
Desde el colectivo a Europa Press que la entrada en el pleno se produjo después de que a las puertas del Ayuntamiento se desarrollara una concentración con la participación de personas sin hogar y activistas de plataformas por el derecho a la vivienda ante los "los graves problemas de gentrificación y sinhogarismo que sufre Sevilla".
De hecho, entienden que el hecho de que su protesta ante el Pleno termine en los juzgados se debe a las características del colectivo, teniendo en cuenta que las reivindicaciones de diversos colectivos suelen producirse con relativa asiduidad en el Salón Colón del Ayuntamiento, interrumpiendo las sesiones, "sin llegar a este punto".
ADELANTE ADVIERTE DEL "TERRIBLE PRECEDENTE"
En apoyo a este colectivo, la concejal de Adelante Sevilla Sandra Heredia ha advertido de que sería "un terrible precedente que estas 17 personas sean condenadas por protestar ante el Pleno del Ayuntamiento y por denunciar el dramático problema de falta de vivienda que padecen miles de personas en Sevilla".
En un comunicado, considera que "estos hechos deberían estar amparados en el legítimo derecho a la libertad de expresión que asiste a todos los ciudadanos". Entiende que "los vecinos de Sevilla tienen derecho a manifestarse y a decirle a su gobierno municipal que no está haciendo las cosas bien".
En este sentido, añade que "el grave problema en materia de vivienda que se vive en Sevilla es responsabilidad directa de quienes han ocupado el gobierno municipal durante las pasadas legislaturas y, por tanto, nuestros gobernantes no deberían escandalizarse cuando nuestros vecinos protestan en el Pleno". Además, afirma que su formación "espera y desea que estas 17 personas sean absueltas" y alerta de que "no podemos permitir que se criminalice a los y las activistas del Movimiento por el Derecho a una Vivienda Digna de nuestra ciudad".
En la misma línea se han mostrado desde la Apdha, que ha manifestado su rechazo a la "criminalización de la protesta social que nunca puede ser, en una sociedad democrática, la forma de solucionar los conflictos sociales".
"Es inaceptable que un Ayuntamiento democrático multe y denuncie penalmente a vecinos y vecinas de Sevilla por protestar en un pleno. Más allá de las formas utilizadas en la protesta, llevar a un proceso penal a jóvenes y personas sin hogar que exigían medidas urgentes a la situación de emergencia habitacional nos parece desproporcionado e injusto", advierte en una nota de prensa, rechazando "las medidas ejemplarizantes que criminalizan a las personas más débiles en lugar de comprenderlas y buscar soluciones reales para atajar la intolerable desigualdad que se padece en la ciudad".
