La sentencia señala que la empresa no actuó con "diligencia y cuidado" teniendo en cuenta que ya se sabía que el amianto era peligroso desde 1940
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid ha condenado a la Corporación Empresarial de Materiales de Construcción SA (Coemac), la antigua Uralita, a abonar a la Diputación de Sevilla un total de 379.963,89 euros por los trabajos que tuvo que acometer la institución provincial para recuperar los terrenos del Cortijo del Cuarto, de su propiedad, y eliminar los restos de amianto procedentes de la antigua fábrica de fibrocemento.
Además, la empresa tendrá que pagar los intereses legales de la citada cantidad y se le impone el pago de las costas causadas, tal como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, resultado del juicio celebrado en la capital española en abril del pasado año.
El fallo, que ya ha sido recurrido por Coemac, señala que la prueba documental evidencia que los terrenos de la Diputación se encontraban contaminados por amianto y que Coemac no ha acreditado "suficientemente" que adoptara "no ya las medidas a que legalmente viniera obligada, sino aquellas que conforme a los conocimientos habidos en el momento debían haberse adoptado con una diligencia y cuidado que le era exigible al venir desarrollando su actividad productiva con materiales que se conocía ya, desde al menos 1940, que eran peligrosos".
En el escrito, se indica que desde la década de los 70 se han venido
produciendo vertidos a cielo abierto procedentes de la fábrica de Uralita en los terrenos del Cortijo de Cuarto, situados en la barriada de Bellavista, parte de los cuales son propiedad Sevilla Activa, sociedad de la Diputación de Sevilla. Los terrenos estaban contaminados de amianto, que "provoca serios daños para la salud de las personas", por lo que la entidad provincial llevó a cabo trabajos de recuperación voluntaria de los suelos contaminados, una actuación que ha conllevado el coste reclamado a Coemac.
De su lado, la empresa alegaba que las cantidades reclamadas "carecían del rigor necesario" o eran "desproporcionadas", algo que el juzgado rechaza. Además, Coemac se defendía asegurando que no se acredita que esos "polvos o tierras blanquecinas" se correspondan con residuos de una fábrica de fibrocemento.
También, la empresa entiende que el coste asumido por la Diputación "obedecía a una obligación legal, la de sanear los terrenos de su propiedad y mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad", añadiendo que, en todo caso, "la acción ejercitada se encuentra prescrita", ya que la fábrica cerró en 1998.
Pese a su defensa, el juzgado de Primera Instancia madrileño entiende acreditado que los terrenos estaban contaminados por amianto procedente de la antigua fábrica de Uralita, por lo que ha condenado a la empresa a abonar a Sevilla Activa el montante íntegro que ésta reclamaba.
RETIRADA DEL AMIANTO
Las actuaciones de retirada del amianto partían de la denuncia realizada en febrero de 2013 por los vecinos de la zona, que alertaron a la Diputación de Sevilla sobre una posible contaminación por amianto de estos suelos, en donde estaban las instalaciones de Uralita, algo que fue después confirmado por los diferentes estudios, por lo que en marzo la sociedad Sevilla Activa inició el procedimiento de gestión para dotar de presupuesto los trabajos de recuperación e iniciar las contrataciones necesarias.
En julio de 2013 se produce el informe de inspección suelo contaminado por la empresa Inerco y en octubre de ese mismo año se finaliza la ampliación de ese informe, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente. En marzo de 2014 comienza la redacción del proyecto de recuperación del suelo, obteniendo junio el informe favorable de la Junta andaluza y obteniendo la licencia municipal de movimiento de tierras en noviembre. Las obras son adjudicadas a Befesa en diciembre de 2014, tras lo que se aprueba en abril de 2015 el plan de trabajo.
Las labores se realizan en tres fases, llevándose a cabo la primera de ellas entre el 9 y el 14 de julio y la segunda, entre el 25 y el 30 de agosto de 2015, con lo que se retiran más de 2.000 toneladas de suelo, con un desembolso de 315.000 euros. Tras ellas, se desarrolló una fase definitiva, la tercera, con un presupuesto de en torno a los 70.000 euros, en abril de 2017.
Finalmente, en mayo de 2017 se emitía ya un informe en el que se mencionaba que la zona contaba con niveles "indetectables por el laboratorio" de amianto, incluso por debajo de la ratio de seguridad fijada por la Junta de Andalucía --100 miligramos por kilo baremados--. Con este informe, la Diputación procedió a aterrar la zona.
