SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas de entre siete y once meses de cárcel a siete personas, entre ellas a dos guardias civiles, por formar parte de una red que introdujo por el Puerto hispalense un total de 375.000 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de Las Palmas de Gran Canaria "sin abonar los obligados derechos aduaneros e impuestos".
En la sentencia, consultada por Europa Press, la Audiencia Provincial relata que los hechos tuvieron lugar a principios de 2008, cuando dos de los acusados se pusieron en contacto con un brigada de la Guardia Civil en activo en aquellas fechas "y se pusieron de acuerdo" para introducir tabaco en la península.
Para facilitar esta labor, contactaron con un sargento de la Benemérita en situación de reserva que había estado destinado en la Oficina de Análisis de Investigación Fiscal en el Puerto de Sevilla "para que, a su vez, contactase con algún agente de ese cuerpo con ese destino que pudiese facilitar el pase de los sucesivos envíos sorteando la vigilancia aduanera".
Así, "y en la creencia de que, entre sus funciones, estaba la de decidir los contenedores de mercancía que llegados al puerto salían del mismo sin pasar una inspección física", este sargento en reserva "ofreció" a un antiguo subordinado suyo destinado en la Oficina de Investigación Fiscal de la Guardia Civil en el Puerto 6.000 euros por cada contenedor con labores de tabaco que "desviase al citado 'circuito verde'".
Este subordinado "simuló aceptar" el encargo y le hizo creer que tal capacidad de decisión estaba entre sus funciones, por lo que "se limitó a representar el papel", todo ello al tiempo que los acusados concertaron con otro imputado que participara en la recogida de los contenedores cuando llegasen al Puerto, así como para ayudarles en su transporte y descarga en una nave ubicada en la carretera de Utrera, donde el tabaco sería guardado hasta su distribución.
Así, el primer contenedor fue remitido desde Las Palmas de Gran Canaria con mantillo para plantas, siendo recogido por los acusados el 6 de junio de 2008, mientras que el 17 de julio de 2008 fue remitido otro contenedor "en el que iban las labores de tabaco disimuladas tras sacos de mantillo", tras lo que contrataron a una empresa para el transporte del contenedor, "cuyo contenido real no era conocido por sus empleados".
Tras recibir las oportunas instrucciones, el camionero transportó el vehículo hasta una gasolinera cercana a Los Palacios, pero ese mismo día los agentes de la Guardia Civil "que de forma disimulada habían seguido al camión con el contenedor detuvieron a los implicados e incautaron el contenedor", dice la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
El mismo fue registrado, apareciendo un total de 375.000 cajetillas de tabaco, todas sin sellos y precintos acreditativos del pago del impuesto, valoradas en 854.075 euros, a lo que se suma que la deuda aduanera y tributaria ha sido fijada en 1,9 millones de euros por la Agencia Tributaria.
ESCUCHAS TELEFÓNICAS
Tras la detención del brigada de la Guardia Civil, se registró la taquilla que utilizaba en la Comandancia y se hallaron dos trozos de hachís con un peso de 142 gramos "que no consta que destinase a su comercialización".
Las defensas de los acusados pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas acordadas en la instrucción al entender que vulneraban el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, pero la Audiencia señala que "hubo una concatenación de intervenciones telefónicas todas ellas debidamente justificadas y autorizadas, de forma que ningún reproche de ilegalidad constitucional cabe oponer a las mismas", por lo que admite la validez de las escuchas y las acepta como pruebas.
De otro lado, dice que "indiscutible es la ilegal introducción de tabaco", ya que "se declaró en aduana mercancía distinta de la realmente contenida en los contenedores introducidos desde Canarias, que se ocultó además en el interior camuflándola con sacos de mantillo", todo ello a fin de "aparentar en caso de apertura que ésta última era la realmente transportada".
"CONFABULACIÓN"
Asimismo, "ninguna duda hay de la confabulación de los acusados para traer a la Península esa mercancía sorteando ilegalmente los controles aduaneros para su posterior lucrativa distribución a terceros".
No obstante, "es discutible que el delito de contrabando haya sido consumado tal como sostienen las acusaciones", ya que "el contenedor estaba controlado por las fuerzas policiales desde su llegada" y de ello se desprende que "no puede decirse que, aunque el tabaco llegara a salir del recinto aduanero, los acusados tuvieran una plena y libre disposición" sobre tales mercancías, por lo que "la dinámica comisiva no sobrepasó los límites de la tentativa".
Por estos hechos, la Audiencia Provincial condena por un delito intentado de contrabando a los dos guardias civiles y a otros dos acusados a once meses de cárcel y el pago de una multa de 800.000 euros, mientras que a los tres imputados restantes los condena a siete meses de prisión y 500.000 euros de multa. Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente al Estado con 1,7 millones.
Por otro lado, absuelve a los dos guardias civiles del delito de cohecho que le imputaban las acusaciones, y a uno de los agentes de un delito contra la salud pública por el hallazgo en su taquilla de 142 gramos de hachís.
