SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Primera Instancia número 13 de Sevilla ha condenado a la entidad Zurich Insurance PLC, en su condición de aseguradora de la responsabilidad patrimonial del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el momento de los hechos, a indemnizar a un sevillano de 58 años con más de 175.700 euros más intereses de demora, por las secuelas ocasionadas por una "demora no justificada" en la aplicación de un tratamiento necesario tras una "complicación previsible" tras una intervención de columna lumbar realizada el 8 de octubre de 2015 en el Hospital de Valme de Sevilla.
La sentencia, dictada tras un juicio celebrado el pasado 20 de marzo, es firme, al no haber sido recurrida por la aseguradora del SAS, según ha informado este martes la asociación El Defensor del Paciente en un comunicado en el que relata que los hechos se remontan al 8 de octubre de 2015, cuando el paciente, identificado como J.D.V., fue intervenido en el citado Hospital de Valme de una hernia discal.
Desde la asociación explican que uno de los riesgos de esta intervención es que se pueda producir "una fístula y, con ello, una infección que cause graves complicaciones al paciente si no se trata de manera precoz".
Esto es lo que le ocurrió a J.D.V., quien, tras ser dado de alta, empezó a notar que estaba perdiendo líquido cefalorraquídeo por la herida quirúrgica, por lo que se fue al Hospital de Valme, donde decidieron derivarle al Virgen del Rocío de Sevilla para que rápidamente lo intervinieran, limpiaran la herida y le cerraran la fístula, según explican desde El Defensor del Paciente.
Esto ocurrió coincidiendo con el "puente" del 1 de noviembre --fiesta de Todos los Santos-- del año 2015, como recoge la propia sentencia, por lo que "se limitaron a darle unos puntos, y a dejarle ingresado, sin intervenirle, pese a que se había tomado la decisión de operarle", según apunta la asociación.
SECUELAS "IRREVERSIBLES"
La sentencia, consultada por Europa Press, señala una "demora" para la que "no hay explicación razonable" para adelantar una prueba diagnóstica ante "los síntomas de infección" que se evidenciaban "a partir del 5 de noviembre", así como la existencia de "importantes tiempos muertos en la historia clínica en los que no se documenta ningún seguimiento médico concreto, sólo cuidados rutinarios de enfermería e intervenciones puntuales" del neurocirujano de guardia.
Fue ya el 16 de noviembre cuando --después de "20 días ingresado desde que el 28 de octubre decidieron intervenirle", según critican desde El Defensor del Paciente-- llevaron al paciente "a quirófano para sellarle y limpiarle la fístula sobreinfectada", posibilitando "con esta tardanza injustificada que al paciente le queden secuelas irreversibles que le restan calidad de vida, algo absolutamente evitable si lo hubieran intervenido cuando lo decidieron", según El Defensor del Paciente.
CRÍTICAS DE 'EL DEFENSOR DEL PACIENTE'
La asociación 'El Defensor del Paciente' quiere criticar la "lamentable situación" de la sanidad andaluza "que el 13 de junio se volverá a quedar nuevamente sin seguro al no querer ninguna compañía asegurarla por su alta siniestralidad y a las puertas de un verano".
La presidenta de la asociación, Carmen Flores, subraya además "la situación absolutamente lamentable que atraviesa la sanidad pública andaluza en épocas de puentes, festivos o periodos vacacionales, donde, como en el caso presente, que coincide la toma de decisiones importantes con un puente festivo largo, se dejó literalmente desasistido al paciente ingresado, situación que sólo se puede justificar ante la falta de medios humanos y la falta de dotación presupuestaria para un sector público fundamental como es el sanitario".
"La situación de degradación de la sanidad andaluza tiene su reflejo en el hecho acreditado que la actual aseguradora del SAS, la multinacional americana AIG, al igual que hiciera Zúrich, en el año 2017, decidió dejar de asegurar al SAS a partir del próximo 13 de junio", según manifiestan desde la asociación, desde donde alertan de que esto "significa que, a partir de esta fecha, ni el paciente, ni el personal sanitario tendrán la cobertura económica necesaria".
La defensa de los intereses del afectado de este caso ha sido dirigida por la abogada María Jesús Villalpando, especialista en Derecho sanitario y adscrita a los servicios jurídicos de 'El Defensor del Paciente'.
