MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la proposición no de ley con la que el Grupo Socialista quería que se instase al Gobierno a defender los derechos de los trabajadores civiles en la Base de Morón (Sevilla) y revisase el Convenio Bilateral con Estados Unidos para, entre otros aspectos, garantizar el empleo.
La petición venía motivada por el conflicto laboral que se vive en la base como consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa americana que gestiona, entre otros, los servicios aeroportuarios y de mantenimiento, Vinnel, Brown & Root (VBR), que prevé despedir a 144 trabajadores --toda vez que en 2010 ya ejecutó otro que afectó a 119 empleados-- al tiempo que EEUU incrementa la actividad militar en la base y su personal.
La diputada por Sevilla Isabel Pozuelo ha sido la encargada de defender la proposición que, a través de ocho puntos, pedía al ministro de Defensa, Pedro Morenés, que reclame a EEUU el mantenimiento de los puestos de trabajo civiles e impida la "actual política" de sustituir paulatinamente a trabajadores españoles por americanos.
Asimismo, se solicitaba que se revise el convenio si de forma continuada se modifica el volumen de la fuerza militar rotatoria en la base y se garantice a través del mismo el empleo de los trabajadores estableciendo una ratio entre civiles españoles y militares americanos, además de un cupo mínimo de españoles que han de ser empleados por la empresa concesionaria.
La socialista ha censurado la "radicalización de las posiciones" y que se cree "un clima de tensión poco amigable para el futuro de la convivencia con las bases" y, tras subrayar que su partido apoya la cooperación con EEUU y el uso de las bases, ha señalado que es "necesario que haya beneficios mutuos", es decir, "contraprestaciones en puestos de trabajo duraderos".
EL PP IMPLICA A GUTIÉRREZ LIMONES
Por su parte, el portavoz del PP, Daniel Serrano, ha justificado su rechazo a la iniciativa socialista al considerar que "no aporta nada nuevo a lo que ya esta haciendo el Gobierno" y "su contenido es una reiteración" que "lo único que pretende es intentar enfrentar a los trabajadores con el PP y con el Gobierno y eso -ha añadido-- "no es 'fair play'".
Tras mostrar su solidaridad con los trabajadores afectados ha dicho que la Junta de Andalucía también tiene alguna responsabilidad en el tema ya que, a su juicio, pese a tantos años de gobierno del PSOE "no han sido capaces de crear las condiciones para que se cree empleo".
Pero Serrano ha insistido en sus ataques al Gobierno andaluz y al PSOE y durante su intervención ha dicho que le "sorprende" que este partido "venga a hablar de ERE y de la empresa VBR con los antecedentes que tiene", argumentando que el ERE de 2010 está siendo investigado judicialmente al tratarse presuntamente de una introducción ilícita de personas afines al alcalde socialista de Alcalá de Guadaíra y senador por la provincia de Sevilla".
"Es sorprendente que vengan hablando de ERE y de defensa de los trabajadores con los antecedentes que tienen. Ya que quieren hablar de ERE, hagan que confiesen de una vez los responsables, faciliten la labor de la justicia y devuelvan el dinero, entonces podrán venir a hablar con dignidad de ERE, mientras tanto, lecciones ninguna", ha ahondado el diputado 'popular'.
Las alusiones al alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, han suscitado la queja de la diputada socialista que ha censurado las "inasumibles acusaciones" contra éste. Así, Pozuelo ha pedido a Serrano que retire sus palabras sobre que el alcalde está "inmerso en un caso de ERE y amigos suyos implicados en casos de corrupción".
"Es inaceptable y, además, son acusaciones que no son ciertas y si hay algún caso de irregularidad en los ERE ya la justicia lo está aclarando", ha dicho la socialista, cuya queja no ha servido para que el 'popular' se retractara de sus comentarios. "En ningún caso he acusado a nadie porque no es mi labor, solo me he hecho eco de algo que es público y notorio, que aparece en los medios de comunicación y yo, además, he añadido el 'presuntamente'", ha zanjado Serrano.
"BURLA A LAS LEYES ESPAÑOLAS"
Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, ha manifestado que esta situación "va más allá de un problema laboral y pone en evidencia una realidad, pese a que la niegue el Gobierno, que es que se demuestra la existencia de un territorio donde el Gobierno no tiene el mando ni la capacidad de hacer cumplir las leyes del Estado".
"Se trata de que se empiece por cumplir las leyes del Estado español y que EEUU no se burle de la legislación española, que es lo que hace desde hace tiempo. Hay que evitar los despidos y que los españoles que trabajan sean como ciudadanos de segunda categoría", ha añadido.
