También se estudiará la petición de responsabilidades, mientras quedan por abonar cinco de los siete millones pactados
SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El concejal delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento hispalense y presidente de Mercasevilla, Gregorio Serrano, ha anunciado la convocatoria la próxima semana de una comisión ejecutiva para estudiar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anula las cláusulas de indemnizaciones acordadas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla de 2007, al entender que son "un auténtico abuso de derecho y un fraude de ley".
En declaraciones a los medios de comunicación, Serrano ha señalado que el hecho de que se siga pagando el ERE "puede ser prevaricación, al realizar un acto a sabiendas de su injusticia", y ha detallado que en la comisión se estudiarán las medidas oportunas para dar cumplimiento a la sentencia y "salvaguardar nuestra responsabilidad patrimonial y penal en este caso".
Así, asegura que se han pedido ya los informe pertinentes a los letrados de Mercasevilla para decidir la suspensión de las indemnizaciones, el reintegro de las cantidades y la petición de responsabilidades a los autores de esta decisión, apuntando "al comité de empresa y a los representantes de la empresa que cometieron esta ilegalidad, acudiendo a los tribunales". Matiza además que si la sentencia se recurre se acordará la suspensión del pago, hasta que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie.
En este sentido, indica que la Justicia alude a que cuando es un despido colectivo se pueden pagar indemnizaciones de 20 días por año o de 45 máximo si es improcedente, pero en los despidos acordados por la representación de los trabajadores y de Mercasvilla, ante lo que apunta al exdirector general de la lonja Fernando Mellet, "que nunca dio cuenta del ERE firmado, pactaron indemnizaciones que superan incluso los 1.200 días por año de servicio".
Serrano insiste en que en una empresa "pública y en quiebra como Mercasevilla, que estaba en causa de disolución, no tiene razón de ser que se pacten esas indemnizaciones millonarias, concretamente, más de nueve millones que después se redujeron a siete millones por la regularización tras la detección de intrusos". Así, recuerda que quedan por pagar unos cinco millones.
"Esto es un abuso de derecho y como se hizo pensando que lo iba a pagar la Junta, cosa que después no ocurrió porque retiró el pago al considera que era una barbaridad y después de ser firmada por el exdirector general de Empleo Francisco Guerrero, y Mercasevilla se tuvo que hacer cargo de él", concluye.
