SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las familias que habitan sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de renta libre que Ibercaja posee en la avenida de las Juventudes Musicales, en el entorno de la glorieta de San Lázaro, han anunciado que el viernes de la próxima semana se reanudará la mesa de negociación constituida meses atrás entre ambas partes en conflicto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y la Administración autonómica, según han informado a Europa Press fuentes del colectivo de familias.
La reunión se celebrará cuando el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla debe aún resolver la nueva solicitud promovida por la propiedad de las viviendas para el "desalojo forzoso" del edificio, si bien la citada instancia judicial tiene pendiente tomar declaración antes al único miembro de este colectivo de familias que no ha comparecido aún en sede judicial, pues todas estas personas fueron imputadas por un presunto delito de usurpación. Esta persona en cuestión estaba citada a declarar el pasado 21 de noviembre, aunque su comparecencia no fue materializada al sufrir "una crisis nerviosa y un desvanecimiento" justo antes de entrar en los juzgados.
NUEVA REUNIÓN
De cualquier modo, y según el colectivo de familias, para el viernes 10 de enero habría sido convocada una nueva reunión de la mesa multilateral de negociación conformada meses atrás entre las familias, la propiedad del edificio de viviendas, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y la Junta de Andalucía. Este encuentro, como los anteriores, se celebrará en la sede de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales. Si bien la pasada primavera mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio; 'Ibercaja' a través de la sociedad limitada 'Residencial Murillo', el banco solicitó de nuevo el "desalojo forzoso" de las viviendas bajo la premisa de que las familias no se habrían atenido a los términos del pacto.
ACUERDO ENTRE LAS PARTES
El citado principio de acuerdo implicaba la búsqueda de fórmulas para que las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad" fuesen realojadas "en otras viviendas", el desalojo "efectivo" y voluntario de las viviendas ocupadas, la suspensión de la petición de medida cautelar de desalojo y el "desestimiento del proceso penal instado" contra las familias. Merced a este acuerdo, la propiedad del edificio había pedido al juzgado "que no se acuerde la medida cautelar de desalojo solicitada", si bien como se ha señalado la petición de desalojo forzoso fue reactivada a cuenta del nuevo desacuerdo surgido entre las partes.
La propiedad de los inmuebles, como es sabido, propone a estas familias su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en la obra social de 'Ibercaja'. Este programa, destinado a familias de bajos ingresos, tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado. Se trata, según 'Ibercaja', de "garantizar unos precios sociales que permitan acceder a una vivienda de alquiler a personas con dificultades y necesidades específicas en materia de alojamiento".
