SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha pedido al Gobierno de la Nación que levante el recurso interpuesto a la Ley de la función social de la vivienda ante el Tribunal Constitucional (TC) para permitir que las 700.000 viviendas vacías que hay en la Comunidad, la mayoría en manos de entidades financieras, puedan salir en alquiler, siendo éste "el objetivo" de esta normativa.
En respuesta a una pregunta oral formulada por el PP-A en el Pleno del Parlamento, Cortés ha explicado que su departamento ha iniciado una alianza con los ayuntamientos y promotores públicos para que 5.620 viviendas de protección oficial (VPO) puedan pasar al alquiler, en un proceso de adjudicación como el que llevó a cabo la Consejería de Fomento y Vivienda en esta materia.
Asimismo, la consejera del ramo ha vuelto a defender el procedimiento de realojo que llevó a cabo su departamento con las familias de la Corrala Utopía, en Sevilla, asegurando que se realizó desde "la justicia social y la legalidad".
Frente a ello, la diputada del PP-A Alicia Martínez, que se ha mostrado convencida de que el caso de la Corrala Utopía "va más allá de la necesidad porque en realidad se trata un tema político y politizado", ha acusado a PSOE-A e IULV-CA de tener una política de "brazos caídos" en materia de vivienda.
Asimismo, ha asegurado que el criterio de la Junta para adjudicar viviendas es "que no hay criterio" y ha acusado a Cortés de dar soporte a activistas de la ocupación ilegal "perfectamente adoctrinados con los correspondientes manuales", frente a las ordenanzas "publicadas, transparentes y con un baremo con indicadores de exclusión" del Ayuntamiento de Sevilla.
Martínez ha criticado que la Junta haya adjudicado "12 viviendas en dos años y siete en dos días" y ha pedido a Cortés que no juegue a ser "antisistema", sino que se dedique a ofrecer soluciones, "sin desaprovechar su gran oportunidad para trabajar por las personas que más lo necesitan y no por los activistas de su partido".
