SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha anunciado hoy a los alcaldes de los municipios del espacio natural de Doñana que uno de los principales objetivos de su departamento, una vez asumida la gestión del Parque Nacional, es la de reforzar la participación y conexión con las poblaciones del entorno, así como de contar con un permanente asesoramiento científico.
En el encuentro celebrado hoy en Sevilla, la titular de Medio Ambiente ha informado también de los cambios que se producirán en la estructura gestora del parque, que contará con un único equipo de gestión, encabezado por un director, y a su cargo un conservador y un gerente, el cual asumirá las relaciones con el entorno y la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Sostenible, informó la Junta en un comunicado remitido a Europa Press.
Asimismo la consejera expresó a los representantes municipales su deseo de que la población no perciba a este espacio natural protegido como una limitación, no en vano Doñana se convirtió en el primer parque español en aplicar un plan de desarrollo sostenible, que ha conseguido muy buenos resultados económicos, sociales y de fomento de la marca Doñana a escala internacional.
En el Parque Nacional de Doñana se han traspasado 42 fincas, con una superficie total de 19.445 hectáreas. De ellas, 35 se ubican en la provincia de Huelva (municipios de Almonte e Hinojos), seis en la provincia de Sevilla (Aznalcázar) y una en Cádiz (Sanlúcar de Barrameda). La Junta se hace cargo, entre otras construcciones, de dos aulas de naturaleza (en Almonte), cuatro centros de visitantes (dos en Almonte, uno en Aznalcázar y uno en Sanlúcar de Barrameda) y tres observatorios de aves y mamíferos en Almonte.
El traspaso se completa con 135 puestos de trabajo y 39 vehículos de transporte (todoterrenos, furgonetas, turismos, un microbús y una embarcación), además de todas las líneas eléctricas, pozos y sondeos.
El pasado martes el Consejo de Gobierno aprobó asignar a la Consejería de Medio Ambiente las funciones, medios, servicios y personal de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, transferidos por la Administración central tras la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2004 dio la razón al Gobierno andaluz y confirmó su competencia exclusiva sobre la gestión de ambos espacios protegidos. Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma que se asume estas atribuciones, frente al anterior modelo de co-gestión diseñado en 1997 y finalmente invalidado por el alto tribunal.
Con el traspaso, la Consejería de Medio Ambiente se hace cargo de 68 fincas de titularidad pública con una extensión total de 22.091 hectáreas; 187 puestos de trabajo entre personal funcionario y laboral, y 61 vehículos de transporte, así como diversas construcciones e infraestructuras. Excluyendo el valor patrimonial de las fincas, el coste de la transferencia alcanza los 17 millones de euros (el 60 por ciento correspondiente a Doñana y el 40 por ciento a Sierra Nevada).
Respecto a las fincas, el traspaso incluye la práctica totalidad de los terrenos públicos de los dos parques nacionales, con sus construcciones, infraestructuras, servicios y bienes muebles. En el caso de Doñana, la extensión de estas fincas supone el 30 por ciento de la superficie total protegida. El Organismo Autónomo Parques Nacionales, anterior titular de estos terrenos, se reserva una zona en el paraje de Marismillas (Doñana) vinculada al uso del protocolo del Estado, y otra en la denominada Dehesa de San Juan (altas cumbres de Sierra Nevada) que fue adquirida recientemente por el Gobierno central y donde se ubica el observatorio astronómico y otras propiedades del Estado.
En inversiones, el traspaso se evalúa en cinco millones de euros anuales para Doñana No obstante, el Gobierno central se reserva la posibilidad de realizar inversiones adicionales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, la Administración central mantiene en sus presupuestos la convocatoria anual de ayudas a los municipios de las áreas de influencia socioeconómica del parque, si bien estos fondos serán gestionados por la comunidad autónoma, de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en este sentido.
