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SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera ha solicitado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares la nulidad de su imputación y de todas las actuaciones posteriores que le afectan por entender que desde febrero de 2012 y hasta diciembre de 2013 "se ha producido un apagón informativo" a las partes en relación a determinada documentación "no aportada a la causa", en especial la entregada por la exasesora María José Rofa.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Rivera asevera que "tan claras han resultado las infracciones cometidas hasta la fecha y de manera continuada en determinados aspectos de la instrucción respecto de mi patrocinado" que incluso la propia Fiscalía Anticorrupción, en un escrito, llamó la atención sobre el hecho de que "la relevancia" de la documentación entregada por Rofa a la Guardia Civil "prácticamente se desconoce para todas las partes".
El abogado de Rivera, José Estanislao López, señala que, "contrariamente a lo expuesto por Rofa en su convocatoria policial, se ha venido dando carta de naturaleza por parte del Juzgado a documentación extraída de los correspondientes expedientes que se encontraban bajo la custodia de aquella en la Dirección de Trabajo, dando por bueno que los entregados a la Policía Judicial en su momento --ya veremos que no-- fueron todos los que, de modo dudoso o presumiblemente ilícito, sustrajo de los archivos de la Consejería".
Y es que algunos de estos expedientes "no estaban a su disposición y, en ningún caso, ella tenía amparo legal para sacar documentación alguna", lo cual, a su juicio, "evidenciaría la infracción visible de los derechos a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías y a la interdicción de la arbitrariedad a las que Rivera tiene derecho en su calidad de ciudadano acusado, así como a que no surtan efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales".
"Esto no deja de ser una infracción constante en el proceso de conocimiento que toda instrucción significa, al no poder conocer ni esta ni el resto de las partes personadas todas las diligencias ordenadas por el Juzgado ni la información disponible en la UCO, y especialmente todos y cada uno de los documentos presentados y transcripciones de conversaciones grabadas y realizadas por Rofa", argumenta el letrado.
Entre esta documentación hay una serie de grabaciones realizadas por Rofa a Rivera "sin su consentimiento", aunque "más sorprendente es que, salvo error de esta parte, dichas grabaciones permanecieron desconocidas para las partes a lo largo de todo este tiempo", según dice en el escrito consultado por Europa Press.
Asimismo, y según el acta de su comparecencia, Rofa entregó en mayo de 2012 a la Guardia Civil otra grabación de una conversación telefónica mantenida por la exasesora con Francisco Javier Guerrero. "¿Dónde se encuentra dicha grabación? ¿Ha sido enviada al Juzgado por los investigadores? La respuesta es no", ya que "sigue sin incorporarse a las actuaciones desde mayo de 2012 a pesar del interés que pudiera tener para aclarar determinados aspectos de la investigación".
"OMITIDA"
Al hilo de ello, asevera que el hecho de que sea la propia Fiscalía la que "advierta de determinadas faltas en la instrucción de la causa, evidenciando una no aportación dilatada, aunque entendemos que no deliberada, de importante material de investigación, tras varios requerimientos, puede darnos una idea de la preocupación natural que afecta a mi patrocinado respecto de si sus mas elementales derechos constitucionales están siendo transgredidos de forma continua a través de un retardo u ocultación injustificables en la aportación de material probatorio".
Pero "hay más", pues en la nueva declaración de Rofa prestada el 14 de noviembre de 2013 la exasesora reconoció que tanto ella como Rivera "desconocían la existencia de dos intrusos en Surcolor y que únicamente se advirtió tal circunstancia cuando a partir de la investigación llevada a cabo en la Consejería, a iniciativa de Rivera, se contrasta la información existente en el expediente con otros datos e información que se solicita a efectos de su verificación, con ostensible y novedosa declaración exculpatoria respecto a Rivera".
En conclusión, el letrado asevera que, desde septiembre de 2011 y hasta diciembre de 2013, "no podemos valorar si por descuido o por cualquier otra causa, ha existido todo tipo de información, aportada en diversas fechas por Rofa, que ha permanecido --y no sabemos si aún permanece y en qué medida-- hasta el día de hoy omitida a las partes, incluyendo el Ministerio Fiscal".
A juicio del abogado, "han pasado más de dos años desde que toda la información y documentación debió ser conocida por las partes, máxime cuando en ese periodo se han producido numerosas declaraciones, evidentemente afectadas por el contenido de la información y documentación desconocida para las partes y, en lo que a nuestro derecho concierne, desconocida para esta parte".
PIDE UNA NUEVA DECLARACIÓN DE ROFA
Al hilo, insiste en que "la aportación de diverso material presuntamente extraído de forma ilícita de los expedientes por parte de Rofa y su ocultación posterior en el procedimiento ha sido una constante, y lo que no podrá decirse de muchos de ellos --especialmente manuscritos-- es que se encontraban en su disco duro".
Por otro lado, el abogado argumenta que para el Tribunal Supremo "la retención o disposición de fondos públicos para atender gastos no presupuestados sin someterlos a fiscalización administrativa y sin que conste un solo gasto de interés particular, resulta insuficiente para acreditar la tipicidad del delito de malversación", por lo que "la conclusión es que esta imputación se ha realizado en abierta contradicción con la doctrina consolidada del Supremo sobre la materia".
De manera paralela, "no se ha traído a la causa como imputado a ninguno de los miles de trabajadores que recibieron las ayudas por las que se imputa a mi representado y que, a la postre, fueron los beneficiarios de las mismas, dándose el caso de que muchas de estas ayudas por las que ahora se imputa a Rivera fueron solicitadas de forma pública por destacados políticos pertenecientes a partidos que ahora ejercitan la acusación particular".
Por todo ello, el letrado de Rivera pide la nulidad del auto de imputación dictado el 27 de enero de 2012, así como de la imputación ampliada el 11 de julio de 2012, y la nulidad de la comparecencia judicial de la propia Rofa, solicitándole que la llame nuevamente a declarar "una vez que exista un previo pronunciamiento acerca de la legalidad de la obtención, custodia y posterior aportación por la misma de la documentación que entregó a la UCO o en el Juzgado".
