SEVILLA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía, tras la publicación este jueves de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que declara la legalidad de la licencia otorgada para la construcción del hotel del Algarrobico, ha señalado que "sin perjuicio de las resoluciones judiciales cuya complejidad jurídico procesal parece no tener fin", los poderes públicos "deben garantizar en cualquiera de los supuestos" un destino para el espacio en el que se ubica la edificación "coherente con los valores protegibles del Parque Natural del Cabo de Gata y Níjar que deben ser tutelados".
En un comunicado, el Defensor del Pueblo Andaluz ha señalado que la sentencia del TSJA "evidencia la responsabilidad" de la administración autonómica y local en "aprobar un planeamiento urbanístico que hizo posible el otorgamiento de esa autorización urbanística para la construcción del mencionado inmueble".
Asimismo, señala que con independencia del análisis que se pueda realizar del contenido de esta sentencia y su valoración en términos jurídicos, que "no corresponde efectuar a esta Institución a tenor de lo establecido en el artículos 17 de su Ley reguladora, sí debemos de insistir en una reflexión que ya hicimos con motivo de otras resoluciones judiciales dictadas sobre este asunto".
En este sentido, el Defensor ha recalcado que, en este supuesto como en otras actuaciones urbanísticas que se extienden a lo largo de el litoral andaluz y que son objeto de una crítica "unánime" por parte de los poderes públicos y de amplios sectores de la sociedad, "existe una alta responsabilidad de las administraciones en la aprobación de esos modelos urbanísticos que han propiciado tales actuaciones".
Finalmente, la Oficina del Defensor ha subrayado "la necesidad de apostar por un desarrollo sostenible" del territorio andaluz y en concreto de su litoral, el cual ha señalado que "no es solo un deseo compartido por diversos sectores de la sociedad, sino también una exigencia constitucional y estatutaria que los poderes públicos deben preceptivamente asumir".
