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SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los tres extrabajadores del mercado central de abastos de Sevilla prejubilados merced al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 y cuyas rentas fueron temporalmente suspendidas por la Consejería de Empleo; P.V.M., J.G.M. y J.D.M., han denunciado por un presunto delito de prevaricación a cuatro altos cargos de esta Consejería, entre ellos el viceconsejero de Empleo, Justo Mañas. La Administración andaluza adoptó esta decisión al figurar estas personas entre las 111 discordancias administrativas detectadas por la Consejería de Empleo después de haber revisado 67 expedientes de regulación de empleo a cuenta de la posible trama de prejubilaciones fraudulentas investigada por el Juzgado de Instrucción número seis.
La representación judicial de estos tres extrabajadores de Mercasevilla ha informado a Europa Press de que, en concreto, la denuncia se dirige contra Justo Mañas como viceconsejero de Empleo, el director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, la exjefa de coordinación de relaciones laborales de la Consejería de Empleo Pastora Fernández, y su sucesor en el puesto, Rafael Arévalo. Y es que la representación de estos prejubilados avisa de que la suspensión temporal de sus rentas constituye una "medida cautelar" adoptada por la Consejería de Empleo pese a que el ERE acordado en 2003 por Mercasevilla "no está en los juzgados".
Se trata, a juicio de sus abogados, de "una orden" que la Consejería de Empleo trasladó a 'Generali', la compañía aseguradora contratada para las pólizas de seguro de rentas de estas prejubilaciones, incurriendo posiblemente en un presunto delito de prevaricación, pues el ERE de 2003 fue plenamente autorizado e incentivado por la Junta de Andalucía. La denuncia habría sido inicialmente asumida por el Juzgado de Instrucción número once, si bien posiblemente haya recaído finalmente en el Juzgado de Instrucción número seis.
LA TRAMA DE LOS ERE
La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga una posible trama de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.
Entre los expedientes de regulación de empleo investigados por la Consejería de Empleo y la juez Mercedes Alaya figuran aspectos del ERE promovido en 2003 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. Y es que en buena parte de la documentación del procedimiento figura, en calidad de aspirante a la prejubilación, una mujer identificada como María del Carmen Fontela González y que jamás ha trabajado en esta compañía.
EL ERE DE 2003
El nombre de Fontela González, en concreto, figura en el 'estudio de prejubilaciones' del expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por el mercado central de abastos de Sevilla y en el protocolo de colaboración, pero no está incluido en los documentos librados por Mercasevilla formalizando la "salida" de los trabajadores acogidos al ERE de 2003. Porque finalmente, esta mujer fue prejubilada a través del expediente de regulación de empleo impulsado en 2005 por el restaurante sevillano Río Grande, a cuya plantilla tampoco pertenecía María del Carmen Fontela.
De cualquier modo, el expediente de regulación de empleo acordado en 2003 por la sociedad mixta Mercasevilla fue autorizado y plenamente incentivado por la Administración autonómica. No obstante, los extrabajadores identificados como P.V.M., J.G.M. y J.D.M., todos ellos acogidos a dicho procedimiento, vieron cómo los pagos correspondientes a sus nóminas era "suspendidos temporalmente", según había informado a Europa Press Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa de Mercasevilla.
