SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla, Manuel Domínguez, en respuesta a las manifestaciones de los diputados de IU-CA en las que avisa de que "muchos ayuntamientos" no reúnen los requisitos para los nuevos anticipos de la Corporación provincial, ha defendido que merced a las legislaciones no puede haber "trajes a medida", anunciando en paralelo dos nuevas convocatorias o "repescas" para ayuntamientos en situación como la señalada por la coalición.
En primer lugar, recuerda que "ya costó un esfuerzo importante que pudiéramos destinar" el superávit de 2012 con 39'3 millones de euros a los municipios, en lugar de pagar a los bancos, como el Gobierno pretendía, mientras que desde la Diputación "apostábamos" por generar proyectos para crear empleo en los pueblos. Finalmente, el propio Gobierno y de manera excepcional "nos permite aplicar el superávit de 2012 mediante un Real Decreto Ley 2/2014 que define las inversiones financieramente sostenibles".
En segundo lugar, "la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos un nuevo fondo de anticipos reintegrables, dotado con 36 millones de euros que, desde ayer precisamente, fueron publicadas las bases en el BOP para que los ayuntamientos puedan hacer su solicitud". Se trata de la primera convocatoria destinada a los 104 pueblos de la provincia de Sevilla.
Un Fondo que recoge tres líneas de apoyo; dos de ellas para el largo plazo y, la última, para el corto, donde podrán incluirse los anticipos que resuelvan el pago de nóminas a profesores y alumnos de Escuelas Taller, Casas de Empleo y Talleres de Oficio, o aquellas cuestiones a las que dé prioridad cada Ayuntamiento.
La primera línea de colaboración se canaliza para anticipos reintegrables destinados a inversiones municipales, con un plazo de devolución máximo de diez años. El segundo paquete de medidas contempladas en los 36 millones de euros se dedicará a operaciones de crédito a largo plazo, concertadas con anterioridad al Decreto del Plan de Pago a Proveedores, también con un plazo máximo de diez años de devolución.
Por último, el tercer canal de colaboración, dentro de esos 36 millones de euros a coste cero para los ayuntamientos, se destina a operaciones de tesorería a corto plazo, con un periodo máximo de devolución de once meses a partir de la concesión.
En tercer lugar, el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación recuerda a IU-CA que "nuestro afán es dar a los municipios todas las oportunidades del mundo y lanzamos una segunda convocatoria para que aquellos ayuntamientos que no reúnan los requisitos puedan hacerlo con un plazo máximo hasta septiembre". Además, habría "una tercera convocatoria", en el caso de que haya sobrante y algún municipio no hubiera podido acceder a las anteriores convocatorias.
Con todo ello, como apunta Manuel Domínguez, "damos la oportunidad de repesca, empleando un símil estudiantil", a todos los ayuntamientos para que "tengan la oportunidad de acogerse a cualquiera de las tres convocatorias que la Diputación va a poner en marcha.
"Lo que es imposible hacer", asegura Domínguez, "es cambiar las reglas del juego que la propia Ley de Haciendas Locales impone a las administraciones y hacer un traje a medida para los Ayuntamientos como pretende IU-CA".
En cuanto a la condonación de deuda, Domínguez asegura que "es imposible condonar deudas porque es ilegal y sería discriminatorio con respecto a los municipios, y en la Diputación siempre buscamos el equilibrio territorial en todos los sentidos".
