SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo ecologista Alwadi-ira-Ecologistas en Acción, con el respaldo de la Plataforma Cívica Salvemos el Guadaíra y las asociaciones Parque Vivo del Guadaíra y Bermejales Activa, ha denunciado este viernes "el abandono" del territorio comprendido entre el río Guadaíra, la autovía SE-30 de circunvalación de Sevilla y la carretera A-8028, que enlaza dicha autovía con la A-92, una zona donde se ubican el denominado Polígono el Sombrerón, la antigua Huerta Cuchares, asentamientos chabolistas, cuadras y otras muchas instalaciones "de dudosa legalidad".
Según estos colectivos, en esta zona donde confluyen los términos municipales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra "la acumulación de residuos y enseres domésticos, escombros, neumáticos, restos de productos agropecuarios e industriales son muy abundantes y casi a diario son quemados", lo que provoca "contaminación atmosférica con negativos efectos en los barrios residenciales próximos".
Alwadi-ira, de hecho, ha remitido escritos a la Fiscalía de Medio Ambiente, los ayuntamientos de Sevilla y Alcalá de Guadaíra, el Seprona y la Delegación Territorial del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, avisando de una "dejación de funciones al consentir, ignorar o no aplicar la debida administración en la zona, donde se incineran residuos tóxicos a cielo abierto produciendo la contaminación del aire y el suelo", con especial incidencia en las barriadas de San José de Palmete, La Doctora, Padre Pío y Las Negrillas.
Por eso, reclaman a las administraciones que actúen contra esta "práctica ilegal inaceptable en términos de salud pública, que atenta contra el medio ambiente y que es utilizada como método fácil y barato para conseguir un lucro sin considerar los graves daños que se ocasionan, sorteando a los gestores de residuos homologados".
Dada la magnitud del problema, las organizaciones de Alwadi-ira, "Salvemos el Guadaíra", "Parque Vivo del Guadaíra" y "Bermejales Activa" solicitan a la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que actúe de oficio ante la "manifiesta dejación de funciones" de las citadas administraciones y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
