La organización pedirá al juzgado la "suspensión de autorizaciones ambientales" para reabrir la mina
SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización Ecologistas en Acción ha reclamado este viernes a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía el "cese del secretario general de la Delegación Territorial en Sevilla" de dicho departamento, Salvador Camacho, "investigado" en el caso de la adjudicación de la Mina de Los Frailes en Aznalcóllar (Sevilla).
Así lo ha subrayado la organización ecologista en un comunicado después de que la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, la magistrada Patricia Fernández, haya acordado ampliar la investigación de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel, para ver si existen más delitos aparte del delito de prevaricación que se atribuyó inicialmente.
En concreto, la magistrada amplía la investigación con respecto a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales y, asimismo, acuerda citar como investigados a la totalidad de los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación, a fin de que puedan mantener, ampliar o matizar sus declaraciones anteriores, y prestar nueva declaración quienes no lo hicieron con anterioridad.
Además, la magistrada extiende esa citación como investigado al que fuera secretario de la Consejería de Economía e Innovación, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, quien "ha sido fulminantemente cesado por el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez de su cargo al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)", según valora Ecologistas en Acción.
Frente a ello, la organización ecologista critica que el actual Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "mantiene en su cargo de libre designación al investigado Salvador Camacho Lucena, que actuó en la Mesa de Contratación como representante de la extinta Consejería de Medio Ambiente del PSOE, y que actualmente sigue siendo secretario general de la Delegación Territorial en Sevilla de la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, competente en medio ambiente, dirigida por Carmen Crespo".
Desde Ecologistas en Acción exigen al actual Gobierno andaluz que "demuestre que no comparte y no pretende dar continuidad a los procedimientos fraudulentos y corruptos que en materia de minería desarrollaron los gobiernos del PSOE durante décadas, y en particular el Gobierno de Susana Díaz, que amparó el sospechoso procedimiento de adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar a la entidad Minorbis-Grupo México".
Y es que, según critica la organización, por ahora "el Gobierno del PP y Cs ha mantenido a toda la cúpula minera del PSOE, empezando por la secretaria general, Natalia González, que trabajó durante años a las órdenes de la imputada" María José Asencio, quien cuando se resolvió la adjudicación, en 2015, era directora general de Minas.
Según Ecologistas, desde sus cargos, Salvador Camacho "está permitiendo la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial de actuación minera y de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Mina de Los Frailes en Aznalcóllar, cuyo promotor es la empresa Minera Los Frailes, que no es la adjudicataria del concurso resuelto en 2015, sino que es una empresa participada por Minorbis (5%) y Grupo México (95%)".
La solicitud de AAU "se realiza, además, falseando hechos en un intento de fraude de ley, que el señor Camacho conoce sobradamente, porque Minera Los Frailes se presenta ante la Delegación Territorial de la Consejería como titular de una concesión minera inexistente, porque todavía no se ha otorgado, y todo ello bajo la aceptación jurídica del secretario general, Salvador Camacho, cuya principal función es precisamente la asistencia técnico-jurídica de la Delegación Territorial", según abunda Ecologistas en Acción.
Por ello, la organización reclama a la delegada territorial de Agricultura en Sevilla, María Isabel Solís, y a la consejera Carmen Crespo "el cese inmediato del secretario general investigado y la suspensión de la tramitación de los expedientes ambientales".
En concreto, Ecologistas ha anunciado que pedirá a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que, "por seguridad jurídica y supremacía del Derecho Penal sobre el Administrativo, decrete la suspensión de la tramitación administrativa de todos los procedimientos ambientales relacionados con la reapertura de la Mina de Los Frailes en Aznalcóllar, hasta la conclusión de las investigaciones penales".
