SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Ante el reciente auto del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España, ordenando continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra nueve personas investigadas en el caso, Ecologistas en Acción ha pedido incluir en la causa un posible delito de prevaricación ambiental.
Los ecologistas atisban dicho delito respecto a los miembros de la mesa del concurso de adjudicación y de la comisión técnica del mismo, explicando que las bases del concurso incluían que el diseño del complejo minero "no podría incluir un depósito de lodos ni un acumulo de residuos líquidos tóxicos que puedan producir un vertido contaminante" y habría de descartar afecciones al Corredor Verde del Guadiamar.
Empero, según los ecologistas, la propuesta de Minorbis-Grupo México, adjudicataria finalmente de los derechos de explotación de la mina, "planteaba desde el principio un vertido contaminante y permanente al Guadiamar".
Por eso, considera que los miembros de la mesa de contratación y de la mesa técnica, "a sabiendas de su injusticia, adjudicaron o participaron en la adjudicación de unos derechos mineros en contra de lo que expresamente prohibían las bases del concurso minero". Así, Ecologistas en Acción ha solicitado al juzgado y a la Audiencia "que incluya el posible delito de prevaricación ambiental para todos esos miembros" de las citadas mesas.
EL AUTO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO
En un auto recogido por Europa Press, la juez Patricia Fernández Franco ordena incoar el procedimiento abreviado respecto a los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.
La juez acuerda la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra todos los ya mencionados por un presunto delito de prevaricación administrativa, dando traslado de ello a la Fiscalía y al resto de partes para que "formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa", toda vez que la Fiscalía ha pedido en varias ocasiones el sobreseimiento provisional del caso.
LOS "INDICIOS EXISTENTES"
Para la juez instructora, que desde la apertura de la causa en 2015 ha archivado dos veces la investigación, siendo la misma reabierta en ambos casos por orden de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, "los indicios existentes son bastantes para abrir la llamada fase intermedia, dando por terminada la instrucción jurisdiccional y acomodando las actuaciones al procedimiento legalmente previsto".
Recordemos al respecto que en una providencia de fecha 13 de marzo de 2020, la juez instructora del caso, Patricia Fernández Franco, exponía a las partes personadas en esta causa que "teniendo en cuenta que no existen actualmente diligencias de investigación pendientes de practicar", era necesario "conferir traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por un plazo de diez días para alegaciones sobre el curso del procedimiento".
Tras ello, tanto Emerita Resources España como Andalucía Mining y Ecologistas en Acción solicitaron nuevas diligencias de diversa índole, mientras las representaciones de Minorbis, las diversas personas investigadas y la Fiscalía solicitaban el libre sobreseimiento de las actuaciones, por tercera vez.
DILIGENCIAS ARCHIVADAS EN DOS OCASIONES PERO REABIERTAS
Y es que tras la denuncia inicial de Emerita Resources España, que competía con el grupo México-Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a dicho grupo, la juez instructora ha archivado dos veces las diligencias.
Empero, tras ser impugnadas ambas decisiones de archivo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación.
De cualquier modo, ante las nuevas diligencias reclamadas por Emerita Resources España, Andalucía Mining y Ecologistas en Acción, la juez instructora decidió en dos autos emitidos en junio y en julio de 2020 denegar tales peticiones de nuevas diligencias porque como señalaba en uno de estos autos, recogido por Europa Press, "con carácter general, no resulta procedente la práctica indiscriminada de cualquier diligencia que, someramente, pueda de algún modo relacionarse con los hechos investigados, sin que se explicite de forma suficiente su trascendencia concreta respecto de los mismos".
Aunque Emerita Resources España y Andalucía Mining recurrieron ante la Sección Séptima de la Audiencia la decisión de la juez instructora de denegar la práctica de nuevas diligencias, la Audiencia desestimó las pretensiones de tales entidades, salvo una petición de Andalucía Mining en demanda de copia testimoniada de la totalidad de la comisión rogatoria realizada en 2018 por las Autoridades Mexicanas y sobre la totalidad de las diligencias que se hubiesen practicado, acerca de "supuestos pagos que Grupo México realizó a Magtel a través de Minorbis, que pudieran ser constitutivos de soborno".
