SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las federaciones del sector público de los sindicatos UGT y CCOO convocaron una concentración "masiva" de empleados públicos este miércoles, día 22 de septiembre, ante el palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, en contra del decreto ley de reestructuración del sector público de la Junta.
Esta es una de las medidas que adoptarán los sindicatos para mostrar su "disconformidad y protesta" al decreto 5/2010 de reordenación del sector público andaluz y estableció un calendario de actuaciones para el mes de septiembre.
Así, esta concentración supone un acto de protesta "ante el rechazo de la imposición que ha supuesto el decreto-ley 5/2010, que incumple normas legales como el Estatuto Básico del Empleado Público" y se enmarca dentro del calendario de movilizaciones que se ha elaborado por la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, y que concluirán con la jornada de huelga general el próximo 29 de septiembre.
En esta concentración participarán el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, y su homólogo de CCOO-A, Francisco Carbonero y el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT-A, Antonio Tirado y su homólogo de CCOO-A, Felipe Falcó.
De esta forma, fuentes de FSP UGT-A indicaron a Europa Press que además del día 22, el pasado día 16 ambas centrales sindicales convocaron concentraciones conjuntas en contra del decreto ley ante las delegaciones del Gobierno de la Junta en cada provincia.
Asimismo, se iniciará una campaña de recogida de firmas entre los empleados públicos de Andalucía en contra del decreto, unas firmas que se entregarán en la concentración del día 22 ante San Telmo, donde también se hará entrega de los acuerdos alcanzados en el seno de comités de empresa y juntas de personal rechazando el decreto.
Estas movilizaciones se suman a las medidas judiciales emprendidas contra este decreto ley de reordenación del sector público y contra el decreto ley de "recortes" en la administración autonómica, que incluye "importantes recortes salariales y pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos de la Junta".
